La ahora exgerenta general del Banco Nación, María del Carmen Barros, fue despedida este lunes tras ser imputada la semana pasada por la contratación de familiares y de la numeróloga “Pitty” a quien se le pagó $1.800.000 por seis meses de asesoría.

La desvinculación de la contadora fue pedida por el ministro de Economía, Sergio Massa, a la directora de la entidad, Silvina Batakis, con quien se reunió este lunes y que también está imputada por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y peculado”. 

La investigación a ambas funcionarias tuvo su origen en la denuncia de la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, quien cuestionó la contratación de familiares y amigos en el Banco Nación. 

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la legisladora sostuvo en su denuncia que las tanto Batakis como Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del Directorio” del banco al contratar a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”. 

“Tuve la entrevista como cualquier hijo de vecino, online, tuve que presentar mi CV, tuve que hablar con gente del banco para que yo ofrezca un presupuesto, me bajaron el presupuesto y yo, para agarrar el trabajo, lo bajé a la mitad”, señaló en diálogo con radio Mitre la numeróloga, quien reconoció haber cobrado $1.800.000 por seis meses de asesoría. 

Silvia Batakis está al frente del Banco Nación desde agosto de 2022 (Foto: Agustin Marcarian/Reuters vía NA).
Silvia Batakis está al frente del Banco Nación desde agosto de 2022 (Foto: Agustin Marcarian/Reuters vía NA).

Además, Ocaña mencionó en el expediente la designación del exmarido de Batakis, Héctor Javier Silva, como “Gerente de Sistemas del BNA”, y del hijo de Barros, Juan Pablo Pedemonte, “al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”. 

A su vez, se refirió a la contratación de Maximiliano Piantanida, amigo de la gerenta general de la entidad, como Gerente Departamental del Banco Nación.

Mediante una petición publicada en la plataforma Change.org, la diputada reveló que el pasado 13 de septiembre presentó un pedido de acceso a la información pública en el que solicitó a la entidad detalles “sobre el presunto ‘festival de contrataciones’ divulgado en investigaciones periodísticas”.

Al respecto, denunció que “no sólo se habrían contratado amigos y familiares por cifras siderales, sino también a una ‘numeróloga’ para servicios personales” que pagan “todos los argentinos” y remarcó: “Exigimos su renuncia y también que rindan cuentas a la sociedad como corresponde”.

La causa está a cargo del juez Daniel Rafecas, ya que la magistrada María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9, en el que recayó el expediente, se encuentra de licencia. Según indicó Télam, las fuentes precisaron que en el marco de la investigación se ordenó la búsqueda de documentación sobre las contrataciones y nombramientos denunciados.