Congelamiento de tarifas de luz: ¿En qué quedó la segmentación?
El Presupuesto para el año próximo la contempla. ¿Cuáles son las complejidades para su confección? En lo que va de 2021, el Gobierno destinó $900 mil millones en subsidios a la energía.
Mediante la resolución 1029/2021 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía de Darío Martínez extendió el congelamiento del precio de la tarifa eléctrica mayorista durante seis meses. El Gobierno les garantizó a las distribuidoras que no les cobrará un precio más alto del que les viene facturando en concepto de generación. Por eso, Edenor, Edesur y Edelap no tendrán razones para trasladar correcciones tarifarias a sus clientes.
De los $6.333 actuales que implica el costo de generación de la unidad mínima de medida –1 Mhw–, las empresas solo pueden transferir $900 a lo que pagan los consumidores finales. El Estado, por su parte, se hace cargo de la diferencia entre la suma total y ese número a través de subsidios. En lo que va de 2021, la administración nacional ha destinado $900 mil millones en ese sentido. Hoy, los clientes cubren poco menos de un 30% del costo total del servicio.
En el Presupuesto 2022 presentado por el ministro Martín Guzmán se establece una disminución escalonada de los subsidios a la energía, que pasarían de un 2,2% a un 1,5% del PBI. Así, la cobertura sobre los costos por parte de los consumidores treparía a un 43% ¿Esto significa un aumento del valor de las tarifas a partir de abril? No necesariamente: el funcionario de la cartera económica aclaró que ese recorte en la ayuda estatal se explicará en parte por la segmentación tarifaria.
¿Para cuándo?
En febrero de 2020, meses después del recambio de gestión, el Frente de Todos empezaba a plantear la posibilidad de diferenciar el valor de los servicios según escalas de facturación en función del nivel de ingresos. En tanto, los más carenciados pagarían menos que los más adinerados con el propósito de ir hacia un esquema más progresivo. Lo cierto es que a casi dos años de estar el tema en agenda, y con vaivenes en el medio, existen pocos indicios de que la segmentación pueda estar cerca.
En el Gobierno reconocen que el congelamiento tarifario –ahora extendido durante medio año más– termina derivando en una aplicación de subsidios “pro-ricos”, tal como afirmó en más de una ocasión Alberto Fernández. Según un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas); sin segmentación, los dos déciles de mayores ingresos absorben casi el 35% de los subsidios al gas de red, mientras que el más pobre apenas un 2%.
La semana pasada, la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Gobierno apunta a quitar subsidios a la luz y el gas “para fin de año” y que se está trabajando en una base de datos para ir hacia la segmentación.
¿Por qué es tan complejo?
El procesamiento de la información que requiere un esquema de diferenciación encierra múltiples dificultades. Una de ellas son los “errores de inclusión y exclusión”. El primer caso se da cuando, según los criterios elegidos, alguien que debería pagar menos queda dentro del segmento de los que pagan más. Mientras que el segundo, cuando alguien termina pagando menos de lo que podría según sus ingresos.
El alto grado de informalidad en Argentina hace que gran parte de la población no declare verdaderamente lo que gana: un desdibujamiento que provoca que la medición por ingresos sea solo una aproximación que pueda prestarse a errores.
Por otra parte, en agosto de este año, la Secretaría de Energía pidió al Banco Central la información financiera disponible de los usuarios de luz y gas para vincular el CUIT de cada persona con su lugar de residencia y así tener un panorama más claro. En este caso no se violó el secreto bancario porque se tratan de datos públicos como las operaciones activas (situación crediticia) y no las pasivas.
Finalmente, el área dirigida por Martínez no utilizó la documentación ¿Cuál fue el problema? Como muchas facturas de los servicios no están a nombre de quienes viven en la vivienda, sino de dueños anteriores y como muchos inquilinos tampoco suelen poner su titularidad; hubo dificultades para vincular la clave de AFIP con el lugar efectivo de residencia. Un obstáculo más en el camino hacia la promesa de la segmentación tarifaria.