La Cámara de Diputados tendrá un martes recargado en el que el oficialismo convocó a debatir varios proyectos entre los que destaca la definición de la reforma de Alquileres entre dos propuestas en puja. Si bien el tema central de la sesión será ese debate, donde el oficialismo buscará convertir en ley el texto sancionado por el Senado la semana pasada mientras la oposición intentará que se imponga su iniciativa, el Frente de Todos incluyó varios otros puntos a tratar para garantizarse el respaldo de otras bancadas a la hora de reunir quórum.   

Otro de los temas centrales de la sesión, con comienzo previsto para las 12, será el tratamiento en el pleno de la continuidad en 2024 del plan Compre sin IVA establecido por el ministro de Economía, Sergio Massa, y trabajado en comisiones el miércoles pasado. 

También se debatirán un proyecto de fomento a la producción del Gas Natural Licuado (GNL) y a la promoción de la Industria del calzado y su cadena de valor; la Ley Olimpia; la propuesta denominada Argentina Inclusiva; el Plan de Ciencia y Tecnología 2030; y la creación de tres universidades nacionales -la de Cuenca del Salado (en Cañuelas), la de Saladillo y la Juan Laurentino Ortiz (en Paraná)- entre otros.

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Pese a la multiplicidad de temas, el foco principal estará puesto en la iniciativa que modifica la actual Ley de Alquileres, después de que la semana pasada, en un debate del plenario de comisiones de Legislación General y Presupuesto, se emitieran dos dictámenes: el de mayoría, que con 41 firmas aprobó el proyecto en revisión proveniente del Senado y apoyado por el oficialismo, y el de minoría, que recibió el respaldo de 39 legisladores y pretende reivindicar el texto original desde la oposición.

Fuentes parlamentarias aseguraron que se espera una definición reñida y candente en el recinto, donde fuerzas que no tienen representación en la comisión de Presupuesto, como la izquierda, los libertarios o Juntos Somos Río Negro, podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro proyecto.

La reforma original, impulsada por Juntos por el Cambio y que fue aprobada el 23 de agosto pasado en la Cámara baja, establece que los contratos de alquiler tengan un plazo mínimo de dos años, contras los tres años que rigen en la actualidad, y que los ajustes puedan hacerse cada cuatro meses. 

En ese sentido, se estableció que las partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas y el Índice de Salarios, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, o bien una combinación de todos estos indicadores.

Pero el proyecto votado la semana anterior en la Cámara alta salió con modificaciones. Entre ellas, se estableció en tres años el plazo mínimo legal de locación y, por otro lado, se agregó que "los contratos con destino" a vivienda deberán ser estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

Además, determinó que los ajustes se lleven a cabo con el Índice Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que tiene en cuenta el menor porcentaje entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

La reforma con media sanción del Senado también modificó la norma girada en revisión por Diputados, al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve, estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”.

Finalmente, se sumó un nuevo artículo, el número 12, que establece que “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

Las otras propuestas a debatir

El Programa Compre sin IVA, que recibió el miércoles pasado dictamen en la comisión de Presupuesto, es un régimen que reintegra el 21% de las compras realizadas con tarjetas de débito en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta $18.800 mensuales. El debate se centrará en la extensión al 2024 de la medida actualmente vigente por decreto. 

El Régimen de Promoción del Gas Licuado, en tanto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca "favorecer las condiciones de industrialización del gas natural e incentivar el desarrollo de toda la cadena del GNL, así como la industria de los bienes de capital asociada", según había asegurado la secretaria de Energía, Flavia Royón, al exponer en julio pasado sobre el proyecto ante un plenario de las Comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. 

En tanto, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, enviado por el Gobierno, propone “un recorrido conceptual, programático y político con vistas a diseñar un horizonte para el sector científico, tecnológico y de innovación” en el país, mientras que el Programa Argentina Inclusiva, a su vez, establece la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad.

También figura en el listado de cuestiones a debatir el proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor, que busca que proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores resulten favorecidos con mayor oferta de variada tecnología y empleos calificados y de mayor calidad.

Por otra parte, se tratará el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley sobre Protección Integral a las Mujeres (Ley Olimpia) y aborda los delitos contra la intimidad sexual mediante medios tecnológicos y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. Se trata de una iniciativa que vuelve en segunda revisión a Diputados, pero sólo por una cuestión técnica, por lo que se da por descontada su aprobación ya que la modificación del Senado es una corrección de forma acordada entre bloques.