El massismo, a través de su líder nacional Graciela Camaño, tiene una agenda política dividida en dos. Por un lado, traba en la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto de Vidal para quitar los impuestos municipales en las tarifas, oponiéndose a que baje su precio final. Y por otro lado, impulsa el proyecto de retroceder las tarifas dos años atrás, regalándole al Gobierno la tarea de encontrar $600 mil millones que no hay para que eso pueda ser posible. El objetivo de la agenda massista es claro: que caiga el Gobierno.

El peronismo, que sorprendentemente ahora se lo llama "razonable" por el liberalismo mediático, también tiene una agenda partida. Frena todo tipo de ajuste en las provincias que gobierna; de hecho, la mayoría de los gobernadores peronistas aumentaron los impuestos luego del Pacto Fiscal que habían firmado para no hacerlo. Y, a su vez, pide otro Pacto Nacional para "frenar la inflación generada por el déficit fiscal", mientras reclama que se aumente el déficit fiscal volviendo atrás las tarifas. El objetivo de la agenda peronista es, por supuesto, que caiga el Gobierno.

El radicalismo, que forma parte de la coalición gobernante, fue el primero que sugirió la oportuna idea de volver atrás las tarifas a través de su presidente, Alfredo Cornejo. El gobernador de Mendoza, con un grado de mezquinidad alarmante, aprovechó que las aguas entraban en hervor con el tema tarifas y decidió tomar el estandarte para mostrarse como el oficialista "razonable" en el asunto con el único objetivo de meterse en alguna fórmula presidencial en 2019.

Ayer, Sanz, otro radical mendocino, pidió que se investigue a los que compraron Lebacs el martes y que, queriendo o no, salvaron a la republica de un proceso de hiperinflación, probable caída del Gobierno y caos anárquico. Insólitamente el objetivo de la agenda radical es que caiga el Gobierno y quedar como los que dentro de la coalición trataron de enderezar el barco. La misma jugada del Chacho Alvarez que lo fulminó de la política.

El comunismo trotskista y kirchnerista pide nacionalización de todo, volver a las tarifas de $20, cepos cambiarios de todo tipo y la cantinela de siempre. Sabiendo -o no, que es muy probable- que si ganaban Scioli y Zannini, el agujero de US$50 mil millones anuales que dejaron de déficit lo iban a tener que cubrir con emisión (dado que el mercado de crédito mundial es Lucifer para ellos), lo que iba a llevar al país a una hiperinflación parecida o más alta que la actual de Venezuela. El objetivo del comunismo se divide en dos, el trotskista es pasar del 2% al 3% en las elecciones del año que viene. El del kirchnerista es que caiga el Gobierno, que liberen a los que todavía están presos y retomar el botín de los recursos del Estado con Cristina como presidente.

El Gobierno, luego de salvar un proceso de autodestrucción nacional gracias a la prestancia de Luis Caputo, tiene que lidiar con estos cuatro jugadores. Los cuatro quieren que caiga y que no llegue a las elecciones del próximo año. No está exento de culpa, de todas formas. Cat se apoyó en el plan desarrollista-gradualista que le hicieron llegar Marcos Peña y la UCR, y que formó esta pelota inviable de deuda, presión tributaria absurda y hoyo fiscal.

Desperdició (y sigue desperdiciando) momentos de imagen positiva alta para encarar las reformas que había que hacer para cambiar de una vez por todas y salvar al país del caos. En una empresa, cuando el Director que está a cargo de un proyecto fracasa, el CEO lo suele echar. Cat tiene que empezar el cambio desde adentro, el ala desarrollista-socialista fracasó; entonces, hay que agarrar la pluma y empujarlos educadamente a patadas fuera del Gobierno.