En la Feria del Libro, Cristina Fernández de Kirchner se lanzó finalmente como candidata a presidenta de la República Argentina. El hecho no es novedoso, es algo que ya repetían los esclavos de sus "favores" de C5N, Radio 10 y Del Plata desde hace meses. La novedad es que la múltiple procesada está segura de que va a ganar.

El convencimiento del neo estalinismo detrás de su caudilla está renovado por la incapacidad cambiemita de conducir a Argentina hacia el progreso.

Es que ante la opción de un modelo reformista para llevar el país a uno de bajos impuestos, enfocado en la liberación de los medios de producción y apertura al mundo, Cambiemos decidió continuar con el modelo heredado, con la única (aunque no menor) excepción de no robar con la obra pública. El resto, igual.

La caudilla está encandilada por las encuestas que, tanto por estrategia electoral de sus contratantes como por algún cansancio de “la gente”, le dan chances de ganar incluso en primera vuelta. De hecho, ese es su único pase: llegar a 40 puntos y sacarle 10 de diferencia a Cat.

En una segunda vuelta sería liquidada por un 60% de votos de votantes que la detestan y optarían por el rival que la tenga enfrente. Pero tiene un pase ahí. Una asistencia entre líneas riquelmeana que la puede dejar sola para definir.

El (no) futuro

Sabiendo esto, la Jefa activó sus usinas de pensamiento que delinean de a poco lo que será su probable nueva gestión de gobierno. No reformará la Constitución, hará una nueva de tinte “popular” aprovechando una convención constituyente donde mandarán bloques anti capitalistas y anti liberales (gracias Cat, lindo laburo). Tanto radicales como peronistas, junto a sus líneas de izquierda y ultra izquierda, decidirán, a través de una “gran mesa de acuerdo nacional”, una nueva Constitución socialista.

Se discutirá uno por uno cada articulo nuevo que fije condiciones para que nunca más en la historia del país se vuelva a tener una gestión en consonancia con el mundo actual. Un mundo que, según la visión corporativa argentina, es injusto, desigual y al que Argentina no debe pertenecer porque “somos un país multicultral que tiene otras formas de convivencia”. Somos los distintos, el resto no entiende nada.

Porque así fue que pasamos de ser el país con el PBI per cápita mas alto del mundo en 1895 con una constitución liberal modelo, a uno periférico con la mitad del país viviendo alrededor de una ciudad con bandas narcos que matan gente a cualquier hora del día y con una decena de marchas diarias atravesando una metrópolis gobernada por débiles y asustadizos.

Pero volvamos a la Constitución que viene. Se apagará todo vestigio de prensa libre que queda. Se declarará a toda actividad productiva privada como la famosa “utilidad pública”, que básicamente es la expropiación de todo medio de producción para ponerlo al servicio “del país”.

Se nacionalizará la banca, una consigna histórica del trotskismo que hizo suya Axel Kicillof en una marcha de actores kirchneristas un par de años atrás. Como se nacionalizará, se la declarará “de utilidad pública” y se confiscarán todos los fondos que no logren escapar hacia el exterior. Habrá solo un gran banco nacional como en Cuba o en Corea del Norte, donde un funcionario dedicirá las tasas o el uso de los fondos de acuerdo a la ingeniería social del momento.

Como ya anticipó Mempo Giardinelli, la Justicia dejará de ser un poder independiente para ser un órgano mas del Estado. Entendiendo que como el Estado esta vez será “popular”, esa Justicia será imparcial por sí sola porque es un órgano "del pueblo y para el pueblo". Así "funciona" en Cuba y en Corea del Norte.

Los productores de granos deberán someterse a un nuevo sistema. Dado que la tierra será declarada de utilidad pública estarán sujetos a un calendario estatal de siembra y cosecha.

Por su trabajo obtendrán un sueldo estatal sin importar si trabajan dos hectáreas o dos mil, debiendo entregar lo producido a una renovada "Junta Nacional de Granos", aunque probablemente tenga algún otro nombre mas moderno, pero no por ello menos comunista.

Aquellos productores que no cumplan serán removidos automáticamente y reemplazados por algún otro que le interese obtener esa regalía. Finalmente, lo exportado por la Junta será destinado íntegramente a engordar las arcas del Estado.

Ahora, ¿qué pasara entre diciembre de 2019 y esta nueva constitución marxista? Se desconocerá el pago de todo bono de deuda emitido (ya sea durante Cambiemos o durante FPV), se romperá unilateralmente el acuerdo con el FMI, desconociendo también su legitimidad por los casi US$60 mil millones ya desembolsados.

Ese default producirá una automática confiscación de depósitos por parte de los bancos y la probable fuga de todos ellos del país. El Estado emitirá el dinero confiscado devolviendo papel sin valor a los ahorristas activando una hiperinflación monstruosa con un aparato de propaganda oficialista trabajando a toda hora para imponer que todo es culpa del neoliberalismo (el mismo que Macri jamás se animó a aplicar).

Esa mega devaluación obligará a 4 o 5 millones de personas a emigrar a otros países alivianando las protestas (parecido a lo que sucedió en algún otro país de similar ideología al kirchnerismo) y dejará una crisis sin igual que abrirá el juego para imponer la necesidad de una nueva Constitución Nacional (volver al párrafo seis) y el avance hacia el fin de la propiedad privada para hacer un traspase del control ciudadano a una dictadura inmortal a cargo de la corporación política.

Y aunque oculte sus intenciones detrás de una nueva versión light que hasta incluye elogios a Donald Trump, el discurso de Cristina dio el paso inicial a un modelo de colectivización argentina diseñado para que dure por los siglos de los siglos.

Salvo que no gane en primera vuelta.