"Es muy probable que haya más allanamientos y es mucho más probable que haya más detenidos. Conozco al juez, cómo piensa y las pruebas", destacó anoche Stornell, en tanto que agregó que es probable que aparezcan nuevos "arrepentidos" entre el empresariado. En tanto, hoy se esperaba la llegada de cuatro empresarios a Comodoro Py para declarar ante el juez federal Claudio Bonadio. Además, esta mañana se acercó espontáneamente a tribunales el titular de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, para aportar información a la causa. 

El empresario que podría convertirse en arrepentido es el ex CEO de IECSA Javier Sánchez Caballero, tal como lo hizo hace dos días Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux. La estrategia de los abogados del empresariado contempla "victimizar” a la corporación y aseverar que los mismos fueron extorsionados por el último gobierno. De todos modos, el magistrado de la causa dejó claro que no homologará el acuerdo si la intención es declarar que fueron extorsionados para hacer aportes de campaña.

Según reveló La Nación, aunque sin nombrarlo, Sánchez Caballero admitió el pago de las coimas que figuran que figuran en los cuadernos de Centeno, aunque sostuvo que los montos fueron menores a los que escribió el ex chofer. 

Además, el fiscal Stornelli negocia con tres empresarios para sumarlos a la lista de arrepentidos. El Gobierno, por su parte, está dispuesto a que las compañías involucradas en el caso mantengan sus contratos de obra pública, siempre y cuando colaboren con la justicia en la causa que ya cuenta con 17 detenidos, de los cuales ocho son empresarios. Además de De Goycoechea, permanecen en la cárcel Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson, del Grupo Albanesi; Claudio Javier Glazman, de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; y Carlos Mundin, de BTU.

Por otro lado,  fiscal federal Carlos Rivolo se sumará a la investigación por pedido expreso de Stornelli al procurador general interino Eduardo Casal.