Violencia institucional y contagios en las cárceles: radiografía de excesos de los dos lados de la grieta
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas más vulnerables de la sociedad se repiten en el país.
La caos, estupor y violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, en Argentina y en el mundo son protagonistas, aún más que la pandemia. Las fuerzas de seguridad que deberían velar por el cuidado de la sociedad salen al acecho, en la búsqueda de atacar a los marginales, bajo cualquier excusa o sin ella.
Desde el gobierno como el presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, pasando por la oposición, hasta los ciudadanos en general piden justicia contra la violencia institucional y la discriminación.
En las últimas semanas, en Tucumán, San Luis y Chaco, la policía estuvo involucrada en la muerte dudosa dentro de una comisaría de Florencia Morales; en el asesinato de Luis Espinoza y el ataque a integrantes de la comunidad Qom. El gobierno nacional pidió informes a las tres provincias por los casos de violencia policial. Además, Frederic recomendó que las pericias no las hagan las mismas fuerzas de seguridad.
"La impunidad en estos casos emite un mensaje de tolerancia con el abuso de la fuerza que no puede tolerarse ni antes ni ahora", dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariana Belski. Y aclara: "El Estado debe garantizar que el uso de la fuerza sólo será implementado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente".
Las fuerzas de seguridad deben ejercer sus atribuciones "en el marco del respeto y protección de la dignidad y los derechos humanos de todas las personas". A su vez, la magister en Derechos Humanos por la Universidad de Essex sostiene que "ese ejercicio debe estar acompañado de una debida rendición de cuentas de sus acciones".
Así como la violencia por parte de los agentes de seguridad forman parte de la diaria del país, también sucede en la máxima potencia mundial: Estados Unidos. Las imágenes del asesinato de George Floyd en manos del expolicía Derek Chauvin llegaron al resto de los países desde Minnesota.
Ni siquiera el primer mundo se salva de la violencia institucional basada en la discriminación racial. Con el homicidio Floyd, las calles del país se inundaron de marchas y manifestaciones. Las protestas llegaron hasta la Argentina.
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Policías tras los más vulnerables
Zaffaroni con la teoría de la criminalización secundaria visibiliza lo que en este momento ocurre, y lo que desde siempre pasó. Aparece la punición sobre determinadas personas, quienes son seleccionadas por las fuerzas de seguridad. La persona seleccionada tendrá sobre sus hombros la supuesta responsabilidad de haber delinquido.
La elección de la policía basada solamente en el color de piel, el estrato social y la ropa acrecienta la vulneración de los derechos. Es que la fuerza de los agentes recae sobre las personas que la sociedad ya había marginado.
"En los últimos años se volvió más evidente esa selección porque hasta hace unas décadas quizás también detenían a personas jóvenes. Por el solo hecho de ser jóvenes. Y hace algunos años que no se ve más eso, y recayó en las clases populares", sostiene Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La criminalización se visibiliza cuando las fuerzas de seguridad "tienen ensañamiento o ejercen disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social", según la directora de Amnistía Argentina.
Tufró considera que el accionar de la policía responde a su propia cultura. "En Chaco, Tucumán y Salta hay mucha discriminación y racismo implantada hacia los pueblos originarios, entonces las policías funcionan también con esa lógica".
"El contexto actual de la pandemia impone desafíos para los Estados, pero nunca pueden servir como excusa para violar derechos fundamentales", dice Belski. Y apunta con el control de la libertad de circulación en pos del respeto a la cuarentena: "Es una medida impuesta para evitar la propagación del virus y la saturación del sistema de salud, pero eso no brinda un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad".
Asesinato, sospecha de un homicidio y agresión
"La policía tiene tanta autoridad en determinadas provincias que la política no se mete con ella. Además de algunos negociados que tienen entre ellos", destaca Tufró, Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Y agrega: "Antes de la pandemia le habíamos planteado a la nueva gestión que ellos podían usar el Consejo Federal de Seguridad para establecer estándares mínimos en el funcionamiento de las policías del país".
Al ser la seguridad una atribución de cada provincia, Tufró explica que esto "es un problema". Y aclara que "el gobierno nacional no tiene injerencia en esas cuestiones". Las modificaciones que propuso el CELS no se pusieron en práctica hasta el momento, aunque "el Ministerio de Seguridad tiene voluntad de llevarlas adelante".
Belski explica que el accionar de la policía tampoco es respetuoso de los derechos humanos en varios casos de la Ciudad de Buenos Aires y de Chubut. "Enviamos una carta y un pedido de acceso a la información pública a ambas jurisdicciones, alertando sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente durante las medidas de aislamiento", afirma.
San Luis
En San Luis, el 5 de abril, apareció sin vida Florencia Morales. La policía había detenido a la mujer de 39 años por circular en bicicleta sin autorización. Estaba ahorcada en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara.
La policía provincial sostuvo que se había suicidado con el cordón del buzo que usaba. El elemento utilizado está bajo investigación. Morales murió por asfixia mecánica y la ampliación de la autopsia detectó signos compatibles con la autodefensa.
El juez Jorge Pinto, del juzgado multifuero de Santa Rosa de Conlara, investigaba un presunto suicidio, luego pasó a ser una averiguación de muerte. Los abogados de la familia de la víctima, Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli expresaron que el magistrado produjo solo el 20% de la prueba, según Los Andes.
Hasta el momento, el primer pedido que hicieron de constatar los registros de las cámaras de seguridad callejeras no se agregó al expediente. Tampoco se sumó al mismo la pericia de los teléfonos de los policías.
Tucumán
En mayo, Tucumán se vio sacudida por la desaparición de Luis Espinoza, un peón rural de 31 años que fue asesinado por la policía provincial en Monteagudo. El homicidio se produjo durante un operativo por una carrera de caballos clandestina. El cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, a 80 kilómetros del lugar, en el límite con Catamarca.
La fiscal del caso, Mónica García de Targa sostuvo que los policías detenidos por el homicidio realizaron un "despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado".
Este viernes, la funcionaria judicial solicitó la extensión de la prisión preventiva durante un año de 10 de los 11 acusados del crimen. Nueve de ellos son policías: Rubén Montenegro (subcomisario), José Morales (oficial), Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya (oficiales) y Fabio Santillán (vigía ciudadano de la comuna de Monteagudo). El único no incluido es el novato de la policía, Álvaro González, que es el primo de González Rojas.
La imputación que realizó la fiscalía fue por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona.
Chaco
En Chaco, las tres comunidades originarias, los Qom, Moqoit y Wichi, sufren la tensión de las fuerzas policiales. Un video se viralizó en las redes sociales cuando policías atacaban a miembros de los Qom. "No nos hagan nada por favor", se escucha. El domingo a la madrugada, la policía violentó la puerta para ingresar a la casa de una familia Qom, en la localidad de Fontana.
Rociaron a las mujeres y amenazaron con que las iban a prender fuego si contaban lo que había sucedido. Los policías detuvieron y trasladaron a tres mujeres y dos varones. Luego de tortularlos y abusar de ellas. Al salir de la comisaría fueron al hospital.
El gobierno provincial desplazó a los policías de sus cargos. La ministra de Seguridad de Chaco, Gloria Salazar, confirmó la medida y repudió el “accionar ilegal, violento, arbitrario de integrantes de la policía". A su vez, exigió "la correspondiente investigación al personal que intervino en el operativo”.
La directora de Amnistía Argentina confirma que en Chaco conocen dos casos en que la policía hizo operativos violentos y abusaron del uso de la fuerza. "Sabemos del caso del Barrio Bandera en Fontana y una situación en Punta del Indio en la cual dispararon por las espaldas a tres chicos indígenas que se encontraban cazando en el monte", relata.
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Contagios en las cárceles y baja del director del SPF
Las revueltas de presos no evitaron la propagación del coronavirus. Ya el brote está presente en las unidades penitenciarias y en comisarías. En las primeras hay 49 casos positivos, mientras que en las segundas 34 según el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
26 de los 49 infectados se contagiaron en las cárceles de Corrientes, 21 en las oficinas federales en la Capital y dos en las dependencias del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Hubo 32 positivos en las comisarias de Chaco y dos en bonaerenses.
"Si hay pocos contagios, quizás con una política de aislamiento y testeo se podría resolver la cuestión", sostiene Tufró. Aunque reconoce que el distanciamiento social dentro de las cárceles es imposible. Sumado a esto, el hacinamiento y la falta de higiene, "sobre todo en el las prisiones bonaerenses", dificultan un modo simple de resolver el distanciamiento.
En el medio de la pandemia, no solo las revueltas de presos causaron sorpresa, sino también la renuncia del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco. La renuncia, presentada en los últimos días de mayo, todavía no fue aceptada.
Además de Blanco, el titular de la Dirección Principal de Análisis de la Información del SPF, Claudio Suriano renunció. El juez Federico Villena, a cargo de la causa de espionaje ilegal, allanó esa dependencia. El magistrado investiga el vínculo entre Suriano y miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que habrían realizado espionaje ilegal en cárceles federales.
