Más de tres millones de personas viven en asentamientos o villas de emergencia en Argentina. Según el relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social, existen 4228 barrios precarios en el país en donde sus habitantes sufren las falta de servicios y derechos básicos.

En este sentido, hoy se conoció la presentación del proyecto de ley que impulsa la ministra Carolina Stanley para urbanizar los asentamientos, expropiar los terrenos privados y otorgarle la propiedad a los habitantes que viven allí hace años.

"El proyecto empezó en el 2016. Lo primero que hicimos fue relevar todos los asentamientos del país, hacer un informe de todas estas familias y empezamos con la entrega de los certificados de vivienda familiar. Hoy vamos a un paso más allá, que tiene que ver con la integración y urbanización de todas las villas y asentamientos del país", le relató Stanley a Marcelo Longobardi esta mañana en Radio Mitre.

 

Desde el inicio, el Ministerio trabajó con organizaciones sociales como TECHO, Cáritas, CTEP y organismos públicos, en el caso de la ANSES y AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado). "Es mucho más profundo que la obra de infraestructura en sí que se hace alrededor o en estos barrios. Tiene que ver con entender la pobreza de manera multidimensional. Es la posibilidad concreta de acceder a servicios. Y no sólo de agua, luz o gas, si no que tener asfalto significa tener un domicilio, que a su vez implica que cualquier persona pueda salir a buscar trabajo y ofrecer su dirección concreta”, explicó la ministra.

"Es un proceso de reparación para muchas familias que llevan años viviendo de una manera indigna"

Hasta el momento, el relevamiento indica que el 60% de los terrenos en los cuales se instalaron los asentamientos son privados. “Muchas de las villas ya tienen más de 20 o 25 años, con lo cual más allá de que sean privados, los dueños ya ni siquiera reclaman”, aclaró Stanley en radio La Red. En estos casos, el AABE cumple un rol fundamental expropiando las tierras para después poder otorgarlas a las familias que viven allí hace más de 20 años. Actualmente están trabajando con los registros de las distintas provincias para dirimir la situación de las tierras.

El proyecto busca integrar a tres millones de personas que viven en asentamientos 

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