En plena tensión con el Gobierno, la Iglesia podría renunciar esta semana a los fondos que le asigna el Gobierno, que ascienden a casi 150 millones de pesos anuales. Entre la controversia por la misa de Luján, para la que el clan Moyano aseguró contar con la venia del papa Francisco, y las escisiones entre Mauricio Macri y el sumo pontífice, la ruptura entre el gobierno y la casta episcopal es inminente.

En agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople. La letra chica, ahora, sostiene que será gradual y se buscarán métodos alternativos de financiamiento.

Estos aportes actualmente representan el 7% de la financiación de esta institución. La Iglesia pasaría entonces a fortalecer y crear otros medios de ingresos alternativos, algo que ya venían analizando con representantes de la secretaría de Culto de la Nación y la jefatura de Gabinete.

En tanto, muchas veces la reparación de edificios históricos de la iglesia fue pagado totalmente o en parte por el Gobierno. Por ejemplo, la reparación de la manzana jesuítica de Buenos Aires, también conocida como "de las Luces”, fue parte de un decreto de 11 millones de pesos firmado por las autoridades de la Ciudad.

Resta saber si también se terminarán los decretos de reparación de este tipo de edificios y de las basílicas del episcopado. La crítica de la iglesia es que lo que ellos gastan en ayuda social es mucho mayor a los aportes que reciben del estado.

Otro de los temas de análisis, será además las políticas sociales del oficialismo hacia los sectores más vulnerables y el aumento de las cifras de pobreza, los posibles cambios a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), a la que la Iglesia considera como algo que "va contra la cosmovisión cristiana".