Si faltaba algún elemento más para empujar la realización de una segmentación de tarifas de luz, el entendimiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó por confirmar la necesidad de que se lleve a cabo. Entre los condicionamientos del organismo internacional de crédito, la reducción de los subsidios a la energía es un eje central para llegar al exigido déficit cero en 2025. Sea por ello o por la eventualidad de que justo coincidieran las fechas, trascendió que el Ejecutivo está cerca de dar un primer paso firme en el sentido de la segmentación.

La administración nacional analiza una propuesta elaborada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) y el Conicet para implementar un esquema provisorio basado en la localización geográfica, en donde 487.000 usuarios residenciales de trece barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que representan el 10% del total, dejarían de tener subsidios en sus boletas.

El detrás de escena

Según le comunicó el ENRE a El Canciller, la iniciativa había sido presentada al Ministerio de Economía “a fines de diciembre”, justo cuando se produjeron los cortes masivos de luz, aunque, según el organismo público, eso “no tuvo vinculación”. En la institución que preside Federico Basualdo, el funcionario kirchnerista que intentó despedir sin éxito el ministro Martín Guzmán y desencadenó un ‘tole tole’ interno en la coalición gobernante, advierten que la pelota la tiene la cartera perteneciente al Gabinete nacional: “Quien define es la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía. Nosotros ya elevamos la propuesta”. En Energía, dirigida por Darío Martínez, el análisis del trabajo lo está llevando a cabo específicamente la Subsecretaria de Planeamiento Energético de Santiago López Osornio.

Las zonas afectadas

Del total de usuarios que serían afectados por la medida, tres cuartas partes se encuentran distribuidos en once barrios porteños: Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Retiro, Saavedra, Villa Devoto, una zona de Caballito, una parte de Colegiales y algunas manzanas de Villa Urquiza. En el Gran Buenos Aires, por su parte, se identificaron otros 67.800 que se encuentran en la zona de “el bajo” conformada por los municipios de Vicente López y San Isidro y otros 48.000 en 466 countries y barrios cerrados del AMBA.

Pero, ¿cuál es el criterio? Desde los organismos que elaboraron el estudio afirman que se tratan de “zonas compactas y homogéneas en las que los inmuebles presentan un mayor valor inmobiliario relativo” y donde “el margen de error es reducido”. Para su elucubración se utilizaron bases de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La medida está orientada a reducir el porcentaje de subsidio dentro del costo de la energía eléctrica, que actualmente ronda el 65%. Por eso, se dará en el marco de –y en simultáneo a– un aumento general de las tarifas eléctricas de un 20% en todo el país en 2022. La idea, de corte progresista, es que paguen más los que más pueden hacerlo y que el subsidio solo quede para los más necesitados.

Excepciones

¿Pero qué pasa si una persona vive en alguna de esas zonas y no posee un alto valor adquisitivo? En el Ministerio aseguran que se podrá solicitar la continuidad del subsidio: para ello, el usuario deberá completar un formulario con datos que permitan confirmar que no cuentan con la capacidad económica para afrontar el costo pleno de la tarifa eléctrica.

Se hace en el AMBA porque esa zona concentra más del 40% de los usuarios residenciales del total. Aunque el proyecto también propone quitar subsidios a quienes desarrollan actividades en el sector financiero; concesionarias de autopistas; transporte ferroviario urbano y suburbano de pasajeros; generación, transporte y distribución de electricidad y transporte y distribución de combustibles gaseosos; embajadas; y juegos de azar y apuestas.

Se trata de una primera etapa provisoria, sus resultados servirán para el diseño de un esquema de implementación de alcance nacional. Pero para ello primero debe darse el aval de la cartera conducida por Guzmán y la secretaria de Martínez.