"Estoy orgulloso de que haya un policía como vos". El presidente Mauricio Macri recibió ayer por la tarde a Luis Chocobar, el policía embargado y procesado por matar a un ladrón durante un robo en La Boca.

El Gobierno rápidamente sentó su postura a favor de Chocobar, aseguró que pondrá abogados para defender al policía y deslizó la posibilidad de analizar una posible investigación contra Enrique Gustavo Velázquez, el juez del caso ante el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, el Presidente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros funcionarios buscaron más que una mera repercusión en los medios y un gesto de "buena voluntad con el policía”. Instalaron un debate que no estaba en agenda como el "exceso de la legítima defensa”.

Y el interrogante va más allá: ¿Está bien que el Gobierno ejerza presión sobre la Justicia en el marco de un caso que debe resolver un magistrado? ¿Está claro la sucesión de hechos para determinar si Chocobar, vestido de civil, disparó por la espalda y mató al ladrón? ¿Es culpable o inocente?

La pata judicial se irá resolviendo con el correr de los días, incluso con la posibilidad de que, como quieren en la Casa Rosada, Velázquez deje el caso. Pero la cuestión de fondo termina dividiendo a la sociedad sobre el actuar parcial, estratégico y veloz del Gobierno en uno de los miles de casos que hay en la Argentina.

Aquí es donde entra ese exceso en la legítima defensa. Contemplado en el artículo 35 del Código Penal, se aplica justamente cuando hay un exceso en la forma en que alguien se defendió de ese ataque. La pena que prevé es mucho menor que la de un homicidio común: va de uno a cinco años.

"Le di la voz de alto, actué como considero correcto. Temí por mi vida y por eso tuve que actuar”, dijo Chocobar.