Dos años después de que la causa llegara al primer piso de Comdoro Py, la Cámara de Casación confirmó, elevó y subió varias penas de la causa por la Tragedia de Once, ocurrida en febrero de 2012. Ricardo Jaime, preso por un expediente donde se lo acusó por enriquecimiento ilícito, fue el más perjudicado: aumentaron su condena de cinco a siete años y le fijaron una pena única de ocho años de prisión.

"Su pecado quizás haya sido ir a trabajar confiando en la seguridad de un servicio de transporte público, que en realidad se brindaba en condiciones de extremo peligro y sin ningún tipo de control eficiente de parte de un Estado que lejos de cumplir con sus obligaciones de supervisión, dejaba la vida y la integridad física de los trabajadores libradas al azar", afirmaron en un fallo de 868 páginas al que tuvo acceso El Canciller.

Para Casación, el ex secretario de Transporte es culpable de los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; estrago culposo agravado por haber causado la muerte de cincuenta y dos (52) personas y lesiones en setecientas ochenta y nueve (789) personas".

El fallo de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques fue muy duro con el detenido ex funcionario y también con los empresarios condenados. "También se ha comprobado la existencia de conductas continuas y posteriores -tanto de los empresarios y gerentes como del propio maquinista de la formación- violatorias de deberes de cuidado que coadyuvaron y determinaron el resultado finalmente acaecido", escribieron sobre lo sucedido el día de la tragedia.

En cuanto a la responsabilidad de Jaime, manifestaron que tenía a su cargo "la decisión final en cuanto al control, fiscalización y sanción de los incumplimientos de la concesionaria", en referencia a TBA. "Es claro entonces que a partir de la inacción de Jaime, el servicio de la línea Sarmiento operaba sin las condiciones mínimas de seguridad, extremo que denotaba la posibilidad cierta de que en algún momento se produjera un resultado como el finalmente verificado el día 22/2/2012", recalcaron.

Al momento de justificar por qué pasaron de una condena de cinco a siete años, los jueces de Casación trajeron a la resolución el "carácter fundacional y constitutivo" de la maniobra que derivó en la tragedia. En resumen, consideraron que permitió que "el servicio de transporte ferroviario operara en condiciones peligrosas para los pasajeros".

A Juan Pablo Schiavi, secretario al momento del accidente, le redujeron su condena de ocho a cinco años y medio de prisión. Para su caso, se tuvo en cuenta que ocupó ese puesto dos años nada más, en relación a los seis que estuvo Jaime. "Si bien su aporte fue esencial para ejecutar el delito aquí enjuiciado, no tuvo un papel en la promoción de la estructura delictiva, habiéndose limitado a sostener o continuar las políticas realizadas durante la gestión anterior", redactaron. 

El maquinista y Cirigliano

Marcos Córdoba, el motorman del Chapa 16, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 2. Casación confirmó hoy su responsabilidad pero le redujo tres meses su condena. Esto significa que, cuando la sentencia quede firme, va a tener que cumplir su pena en la cárcel.

"Sistemáticamente Córdoba excedió la velocidad máxima permitida en diversos tramos de su recorrido", detalla el fallo y hace hincapié en que la anulación del freno de seguridad ("hombre muerto") realizada por el maquinista y que iba en contra de la reglamentación vigente. "Al momento de intentar frenar, tardíamente, la formación ante la inminente colisión contra el paragolpes de la estación, habría permitido disminuir los tiempos de aplicación del frenado de emergencia", explicaron.

"Córdoba condujo el convoy con una técnica deficiente, evidente negligencia y en violación de reglamentos ferroviarios. Pero también que ni el choque ni sus consecuencias se explican únicamente por el incremento del riesgo que implicó la conducta imprudente del nombrado", sostiene en su voto uno de los jueces.

Sergio Cirigliano pasó de una condena de nueve años a una de siete pero con la consideración de que fueron parte vital de la maniobra de defraudación al Estado. Casación valoró en muchos casos de manera diferente a lo que hizo el Tribunal y por eso es que establecieron algunos cambios en las condenas y hasta la absolución de Guido Lodola, un funcionario que había asumido su lugar dos meses antes de la tragedia.

¿Van presos?

Las defensas tienen ahora la posibilidad de presentar los recursos para que el caso llegue a la Corte Suprema. En caso de que sean rechazados, el Tribunal que hizo el juicio podría considerar que las condenas están firmes y ordenar la detención de los ex funcionarios, empresarios y la del motorman.