Los subtes volvieron al centro de la polémica. Tras varios meses en paz, uno de los gremios históricamente conocidos por sus paros durante las paritarias, vuelve a utilizar la medida de fuerza pero esta vez no se trata de aumentos de sueldo. Desde las 20 y hasta el horario de cierre, no habrá servicio de subterráneo por un reclamo de salud: los trabajadores piden que el Gobierno les dé una respuesta al problema del asbesto en ciertos vagones.

Este componente es un elemento cancerígeno que los españoles encontraron en las unidades CAF 5000 y 6000 que les vendieron al gobierno porteño para su utilización en la línea B. Si bien en la actualidad son solo tres los vagones que siguen circulando, se comprobó científicamente que la presencia de ese tipo de amianto provocó en un trabajador del Metro de Madrid Asbestosis, un tipo de cáncer que se manifiesta 20 o 30 años después del contacto.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) reclaman medidas de seguridad y buscan visibilizar el conflicto con la medida de fuerza. “Sabemos que en España ya hubo casos de trabajadores que se han enfermado por esta situación. Si bien gracias a nuestra denuncia hemos logrado que se sacaran los trenes CAF 5000 de circulación, ahora se supo también que en España se encontró asbesto en al menos un coche CAF 6000, modelo que en la Línea B de Buenos Aires sigue circulando", denunció Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo del AGTSyP.

A nivel gubernamental, este descubrimiento también planteó un conflicto diplomático ya que hay sospechas que la compañía que le vendió los vagones al gobierno porteño ya tenía conocimiento de la presencia del material cancerígeno en sus unidades. Días atrás, un importante medio español difundió declaraciones del consejero delegado del Metro de Madrid, Borja Carabante, en donde admite que los trenes del modelo CAF 5000 que se vendieron en 2011 al Gobierno porteño de Mauricio Macri por u$s 550.000 cada uno contienen amianto "encapsulado". Hoy, esas unidades se rematan en Europa por u$s 5000 para realizar pruebas con explosivos.

Los usuarios de la línea B no corren riesgo porque el asbesto estaría presente sólo en un componente eléctrico, que no está en contacto con los pasajeros.