El Gobierno porteño demandó por $2,7 millones a dos familias de estudiantes que tomaron colegios

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) demandó por “daños y perjuicios” a dos familias de estudiantes secundarios y les exigió el pago de $2.700.000 por la participación de sus hijos en una toma realizada en octubre de 2022 en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano, ubicada en el barrio porteño de Barracas.

La situación fue visibilizada por una de las estudiantes, de nombre Juana, quien días atrás publicó en las redes sociales un video en el que relató: “Le llegó a mi madre una carta documento de parte de una abogada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, demandándola por daños y perjuicios realizados en la toma del año pasado, de octubre de 2022, en la Manuel Belgrano”. 

“Los que estuvieron involucrados en esta toma o aquellos que se hayan informado sobre esta sabrán que lo que hicimos fue todo menos causar daños”, aseguró la joven y remarcó: “Nosotros no fuimos de cero a cien, pasamos primero por movilizaciones, hicimos sentadas en el colegio, cartelazos, intentamos hablar con el Ministerio. No se nos respondió y optamos por la toma del colegio”. 

“Pedimos difusión a full de esta situación porque sabemos que no somos las únicas que la están pasando, ya a padres de otros colegios les llegó el mismo documento, y le recordamos una vez más, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: luchar es un derecho”, finalizó la estudiante.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la menor también criticó en una publicación: “Una vez más el Gobierno opta por la persecución a los derechos estudiantiles de protestar contra un sistema que en vez de resguardarnos decide mirar para otro lado y esconderse... Que la gente se entere que el GCBA criminaliza los reclamos de los estudiantes”.

Además, informó que el monto que se detalla en la carta enviada por la Procuración porteña se divide entre la familia de la joven que hizo pública la situación y otra que también participó del hecho.

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, sostuvo este jueves en diálogo con radio Mitre que “las acciones tienen consecuencias” y opinó que “tomar una escuela es una medida violenta que corta el derecho a la educación al resto de los estudiantes”. 

La funcionaria remarcó en este sentido que “cerrar una escuela significa costos para el Estado” y detalló que “ese costo se dividió por los padres responsables y es lo que se les está notificando ahora que van a tener que hacerse cargo de la decisión que tuvieron en su momento de acompañar a sus hijos en una medida violenta”.

Acordé a lo denunciado por la joven estudiante, Acuña reconoció que “son alrededor de 60 familias las que se están notificando de a poco” y puntualizó que el monto a pagar varía de acuerdo a la duración de las tomas, aunque confirmó que son “todas arriba del millón de pesos”.