Agustina Imvinkelried tenía 17 años. Había salido a bailar el sábado al boliche Teos en Esperanza, Santa Fe. Desde la madrugada del domingo era intensamente buscada por sus amigos y familiares. Hallaron su cadáver tapado con hojas y ramas en un descampado.

El principal sospechoso de su asesinato, Pablo Trionfini, de 39 años, se suicidó. Hermano de Alfredo, quien asumió en 2017 como secretario de Producción de la Municipalidad de Esperanza por el PJ, había anunciado en su último posteo de Facebook el compromiso con su novia. Lo hizo después del crimen de Agustina y horas antes de ahorcarse en su casa.

Agustina es la sexta víctima de femicidio en Argentina en lo que va de 2019. A los 14 días de enero, antes que ella, otras cinco mujeres fueron asesinadas en manos de hombres que se sintieron sus dueños, que las mataron porque pudieron.

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Los otros casos

1 de enero - Celeste Castillo tenía 28 años. Durante la noche de año nuevo, su esposo Héctor Montenegro, que era policía en servicio, después de discutir borracho, sacó su arma reglamentaria y le disparó. Ella murió en el acto. Él intentó suicidarse y murió horas más tarde en el Hospital Regional Ramón Carrillo de Santiago del Estero. Según el informe de La Casa del Encuentro esta provincia tuvo en 2018 la tasa de femicidios más alta del país, con un promedio de 12,58 cada 100 mil habitantes.

6 de enero - Daiana Moyano tenía 24 años. Vivía en el barrio Ciudad Mi Esperanza, en Córdoba y desapareció cuando volvía de su trabajo. La familia lo denunció de inmediato, pero la policía les comunicó que debían esperar al menos 24 horas. Ellos mismos salieron a buscarla y la encontraron muerta en un camino de tierra, cerca de la parada del colectivo. Alejandro Coronel, de 36 años es el único acusado y sobre él pesa una causa por abuso sexual y femicidio.

8 de enero - Giselle Varela tenía 33 años y era policía. Vivía en Mar del Plata y la mataron de cinco disparos mientras esperaba el colectivo para ir al trabajo. El acusado Sergio Cejas, su ex pareja, fue detenido en Miramar. Cejas había sido denunciado por Giselle en numerosas oportunidades por violencia de género y hostigamiento. Tenía una restricción perimetral pero la ausencia del Estado favoreció el femicidio.

8 de enero - Delicienne Sajuste tenía 26 años. Era de Haití y había venido, junto a su pareja Benjé, a comenzar una nueva vida. Una mañana cuando estaba junto a su hija yendo para el trabajo, su marido la abordó y le atinó 12 puñaladas. Después quiso suicidarse, pero los vecinos se lo impidieron. Delicienne ya lo había denunciado anteriormente por violencia de género.  

10 de enero - Joselin Mamaní tenía 10 años. Apareció asesinada en su casa de Longchamps con 32 puñaladas, 17 en la cara y 15 en la espalda. Los dos acusados son padre e hijo, Carlos y Rubén Correa, ex parejas de la mamá de Joselin.

No se descarta que se trate de un caso de femicidio vinculado, es decir, el asesinato de una persona con relación familiar o enlace afectivo a una mujer a la que el femicida busca castigar y destruir psicológicamente. Aunque esta figura se halla en el Código Penal desde el año 2012 (actual Art. 80 inc. 12 CP), su aplicación depende de interpretaciones judiciales distintas, que se plasman cada vez en más sentencias a lo largo y a lo ancho del país. El Poder Legislativo en tanto, no debatió a la fecha proyectos tendientes a mejorar su redacción, a fin de brindar elementos a la Justicia para una aplicación más efectiva.

Luciana Camila Fioretti tiene 25 años y sobrevivió milagrosamente a los seis disparos que le dió su ex pareja, Santiago Sosa, la noche del 6 de enero. A punto de ser una más de la lista, salió ayer del Centro Integral de Salud La Banda “Dr. Ricardo Pololo Abdala” de Santiago del Estero, después de siete días de internación. Él se suicidó después del ataque.

Todo femicidio es político

Todo femicidio es político, y llamarlo por su nombre lo convierte en una figura que cuestiona y desnaturaliza la violencia sexista con la que lidiamos las mujeres. Para entenderlo, hace falta analizarlo desde una perspectiva histórica, como herramienta de dominación y aleccionamiento social, y debe hacerse a través de la crítica a las instituciones que actúan como sostenedoras de un régimen jerárquico de género.

El silenciamiento y la minimización de sus causas y consecuencias son el principal factor para su producción y reproducción. La trivialización a través de los medios, del sometimiento, la violencia y la discriminación, es el poder que se utiliza para presionar a las víctimas y construye socialmente la idea de menosprecio por el sufrimiento.

La carencia de implementación de medidas de seguridad rígidas para la protección de víctimas, la reducción presupuestaria por parte del Estado en políticas públicas destinadas a evitar estos crímenes y la falta de interés de los gobiernos para encontrar soluciones concretas, convierten a los poderes dominantes en cómplices necesarios para su ejecución. 

En sociedades desiguales, donde los cuerpos disidentes se convierten en terrenos de conquista, es necesario que reconozcamos las prácticas culturales que normalizan esta violencia y que hacen que se engrose el número de femicidios. Terminar con el silencio, la inacción y la apatía, es una urgencia impostergable.