El gobierno de España prorrogó por un año el plazo para que los descendientes de nacidos en su suelo que están alcanzados por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como "Ley de Nietos", puedan tramitar la ciudadanía del país europeo.

El periodo para ejercer este derecho, establecido en la disposición adicional octava de la normativa, vencía el 22 de octubre de este 2024 -dos años después de su entrada en vigor-, pero el Consejo de Ministros español aprobó su ampliación hasta 2025.

Al anunciar la extensión, desde el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recordaron que el apartado permite tramitar la ciudadanía a "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

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A su vez, detallaron que la ley también alcanza a los "nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978".

Asimismo, señalaron que incluye a los hijos mayores de edad de los españoles "a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".​

En cuanto a la cantidad de trámites iniciados desde la entrada en vigor de la mencionada medida, desde el Ministerio puntualizaron que las Oficinas del Registro Civil Consular recibieron hasta el 31 de marzo de 2024 301.121 solicitudes de opción, de las cuales más de un 95% se realizaron "en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami". 

"Concretamente, los cinco consulados generales de España en Argentina representan un 40% de las solicitudes, y, junto con el Consulado General de España en La Habana, superan el 53%. En todas ellas existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previsto en la citada disposición adicional octava de la Ley", advirtieron.

Es por este motivo que el gobierno español decidió prorrogar este periodo por un año, "de tal forma que se puedan atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley".