Se hace cargo el Gobierno de Stornelli e intenta iniciar un juicio político contra Ramos Padilla

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“Manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva”. Con una nota incendiaria, el Gobierno oficializó hoy su encono con el juez federal Alejo Ramos Padilla y decidió que intentará llevarlo a juicio político. La decisión no es casual: tanto Germán Garavano como Elisa Carrió habían criticado al juez después de su presentación en el Congreso de la Nación el miércoles.

El escrito llega al Consejo con la firma de Juan Bautista Mahiques, representante del Gobierno en ese lugar. Ahí se pide que se abra una investigación para determinar si Ramos Padilla incumplió sus funciones y se afirma que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”. Sostiene, además, que afirmó como verdaderos hechos que son parte de una investigación y que “todavía no han sido verificados”.

La situación se da el mismo día en que Ramos Padilla intimó nuevamente al fiscal Carlos Stornelli a presentarse a declaración indagatoria. Actitud confrontativa, falta de imparcialidad, accionar incompatible con la prudencia son algunas de las cosas que le endilgan al juez desde el oficialismo.

La idea la impulsó Lilita, luego de las críticas del juez hacia ella y hacia su mujer de confianza Paula Oliveto. De esta manera, le marcó la cancha otra vez a la mesa judicial de Cambiemos, con presencia directa en el Consejo. No obstante, la nota llegó al Consejo vía el Ministerio de Justicia. La relación Lilita-hombres de confianza judicial de Macri viene bastante compleja hace tiempo pero ante esta situación pareciera que firmaron una tregua.

¿Qué hay que esperar ahora? Más allá de la presentación, Ramos Padilla seguirá al frente de la causa por la red de espionaje que involucra a políticos, funcionarios judiciales, servicios de inteligencia y periodistas. La Cámara Federal de Mar del Plata es quien decidirá su futuro al frente de la investigación, luego de que el fiscal de Dolores y el fiscal imputado Stornelli hayan solicitado que pase todo a Comodoro Py.

Por otra parte, la apertura de un expediente en el Consejo requerirá que un consejero se haga cargo del caso y delimite las medidas para ver si efectivamente se ha cometido alguna irregularidad. Recién ahí, podría solicitar que se eleve a juicio político o que se le aplique una sanción.

Para que Ramos Padilla sea llevado a jury, el Gobierno necesita los votos de 9 de los 13 consejeros. No es una tarea fácil y ya hay varios miembros que apuntan que será complejo, no sólo por lo que cuestan en general este tipo de consensos sino por la acusación que le hacen al magistrado.

La señal que da el Gobierno es, ante todo, política. ¿La molestia con Ramos Padilla es sólo porque lo tildan de K? ¿O por qué hay aristas de la causa que no quieren que profundice? ¿Por qué hasta ahora ningún oficialista se dirigió al juez para garantizarle que su investigación será protegida? ¿Acaso no hay preocupación oficialista por una red paraestatal integrada y alimentada por los servicios de inteligencia?

En la presentación ante el Congreso, Ramos Padilla reiteró en varias ocasiones que ciertos aspectos de la causa quedaban bajo reserva y que muchas otras cosas debían aún probarse, de acuerdo a la instancia en la que está la investigación. La mayoría de esos datos estaban en el procesamiento que le dictó a Marcelo D’Alessio. ¿Hablar sobre temas de trascendencia institucional en un ámbito como el Congreso y de cara a la sociedad es motivo para un juicio político?