La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el uso de la "ARVAC Cecilia Grierson", la primera vacuna desarrollada íntegramente en Argentina como refuerzo contra el coronavirus. 

“La estadística en cuanto a seguridad es muy buena, tiene un récord de seguridad muy bueno. No hubo efectos adversos relacionados con la vacuna en el ensayo clínico”, afirmó Juliana Cassataro, investigadora del CONICET.

“Esperamos que se pueda exportar, que se pueda usar y que se pueda usar transferencia de tecnología. Nuestro sueño sería que la vacuna se use lo máximo posible en la región”, cerró. 

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Desde China, el presidente Alberto Fernández celebró el anuncio, aseguró que es otro paso “hacia la soberanía de nuestra patria” y afirmó que “ya no tendremos que golpear las puertas de los poderosos para conseguir las vacunas y salvar a nuestro pueblo”.

“Es un ejemplo de la capacidad de nuestra gente y del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Apostaremos siempre al conocimiento, invirtiendo en educación, salud y ciencia”, destacó el mandatario.

La vacuna, desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Cassará, e impulsada desde el primer momento por el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), demostró ser segura y eficaz como refuerzo contra el virus SARS- CoV-2 en mayores de 18 años.

Actualmente, la vacuna ya se produce en la planta de Cassará en la Ciudad de Buenos Aires y puede adaptarse a nuevas variantes de SARS-CoV-2 circulantes en la región.   

Este miércoles se realizará una conferencia de prensa en el Polo Científico Tecnológico en la que se brindarán detalles sobre este hecho histórico, con la presencia de autoridades de los ministerios nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud, y de la Universidad Nacional de San Martín junto a científicos/as a cargo del desarrollo.   

El desarrollo de la vacuna fue posible a partir de un consorcio público-privado que contó con más de 600 científicos y profesionales, 25 instituciones y 2.094 personas voluntarias.