Presiona el Círculo Rojo para borrar a Rafecas del mapa judicial

El Canciller - Comentarios

Cuando ingresó al Poder Judicial, en 1987, nunca se imaginó que terminaría con una sanción por parte del Consejo de la Magistratura. Daniel Rafecas se ganó varios enemigos desde que es uno de los jueces federales de Comodoro Py y parte del macrismo no fue la excepción.

Juez desde 2004, se ganó la antipatía de los radicales por su intervención en la causa “sobornos en el Senado” y la del kirchnerismo por los primeros momentos de la causa “Ciccone”, con allanamientos incluidos. Estuvo desde el 10 de diciembre de 2015 en la lista invisible de jueces que no son del agrado de Mauricio Macri pero no le alcanzaron los votos para enviarlo a juicio político.

Con la decisión de hoy del Consejo de la Magistratura, se cierra el episodio que se inició con su decisión de desestimar la denuncia de Alberto Nisman, en febrero de 2015. La causa, que casualmente fue elevada ayer a juicio, le había caído luego de que Ariel Lijo se negara a tramitarla. Los dos tienen mantienen un escollo en el Consejo: fueron denunciados por supuestas demoras en llevar adelante investigaciones.

El fallo por la denuncia de Alberto Nisman (convalidado luego por la Cámara Federal) le valió el encono de parte de la dirigencia judía. Hay que resaltar que el juez fue orador en 2011 en el acto aniversario por el atentado a la AMIA, colaboró en la Fundación Memoria  del Holocausto de Buenos Aires y recibió varios premios por sus estudios sobre el exterminio judio y el antisemitismo.

El ex senador Ricardo Brande lo trató de “burro jurídico”. Amado Boudou dijo que su juzgado funcionaba como “una agencia de noticias”. “Rafecas empezó a ganar todos los sorteos, como Oyarbide”, lo chicaneó Macri.

En diciembre de 2016, el juez desestimó una denuncia contra el actual presidente por la emisión de LEBACS. Tres meses después, lo desvinculó del expediente por el Memorándum con Qatar que firmó el presidente y donde estaban imputadas Gabriela Michetti y Susana Malcorra. En enero de 2018, archivó un caso por las acciones de Autopistas del Sol. La premisa es siempre la misma: si no hay pruebas o evidencias, no se avanza, moleste a quién moleste.