“Siempre me repetía lo mismo: no seas boluda que no subís más”. Carolina E. tiene 42 años y trabaja dentro del sistema de administración de justicia en la Ciudad de Buenos Aires desde sus 19. Entró porque su padrino conocía al que luego sería su jefe. Trabajó diez años con él, en los que soportó maltratos laborales y acoso sexual.

Las causas por los delitos contra la integridad sexual, que van desde un hombre que manosea a una mujer en el colectivo hasta una violación, se multiplican en juzgados y fiscalías aunque por debajo de los robos y de las lesiones. Pero la perspectiva de género no abunda aún en los tribunales. Y el mismo sistema judicial es el que reproduce muchos de los prejuicios sobre las mujeres que denuncian.

“¿Todo eso es tuyo o tenés bisturí?”, le preguntó el exjuez federal José Charlín a una de sus empleadas. Fue el primer comentario de muchos que le hizo sobre su cuerpo. Aprovechaba cualquier situación para hacerle comentarios sexuales y para tocarla. Una tarde, intentó abordarla en su despacho. “Qué lindo lo que tenés puesto”, le dijo. Se le acercó, comenzó a tocarle la espalda e intentó llegar hasta sus tetas. Ella se apartó lo más rápido que pudo.

Charlín llegó a juicio y fue condenado a cinco años de prisión por abuso de autoridad, abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas en un contexto de violencia de género laboral y también por uso de fondos públicos para destino personal. El exjuez había renunciado como estrategia para evitar un debate. No lo logró. El caso es extremo pero las situaciones de mujeres acosadas dentro de juzgados y fiscalías se repite.

El exjuez Charlín fue condenado a cinco años de prisión por abuso de autoridad, abuso sexual y amenazas hacia sus empleadas

“Siempre persiguió a las más chiquitas, a las que recién entraban. Nosotras les aconsejábamos que lo evitaran, que lo saludaran de lejos”. Una secretaria judicial describió la situación que vivían las empleadas nuevas por parte de un magistrado ya jubilado. “Una vez siguió a una chica hasta el baño, entró y la arrinconó. Justo lo vio una fiscal que lo sacó de ahí y le gritó que parara”, recordó. Fue una de las pocas veces que alguien intervino. Todos preferían hablar de él como un “seductor”.

Carolina ya no trabaja en el edificio donde su exjefe aún se dedica a investigar abusos y femicidios. “A las dos semanas de empezar a laburar con él, me citó en su despacho y me dijo que me quedara tranquila, que él me iba a cuidar”, relata a El Canciller. El “cuidado” al que se refería incluía marcarle qué ropa tenía que volver a ponerse “porque le hacía buen culo” o qué causas le daba “porque el abogado este es un pajero y con vos se va a derretir”.

“¿Tenes ropa interior?”, le preguntó el exjuez federal Oscar Hergott a una de sus por entonces empleadas. Los comentarios de este estilo eran habituales en el Tribunal Oral Federal Nº5 de Comodoro Py. Fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por una colega, la jueza Adriana Palliotti, que también era acosada diariamente por Hergott. “Qué fuerte que estás”, le repetía constantemente.

El exjuez Hergott fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por una colega, la jueza Adriana Palliotti, que era acosada diariamente

Las empleadas del Tribunal no sólo contaron el acoso que vivían (los comentarios sobre sus cuerpos o sus relaciones eran habituales) sino que a eso le agregaron el clima hostil y de maltrato que sufrían. Los votos para enviarlo a juicio político estaban, pero Hergott decidió renunciar. El Ejecutivo le aceptó esa renuncia en septiembre de 2017.

“Me han bajado de posibilidades laborales por haber denunciado a un fiscal”, cuenta A., una abogada de 31 años que en 2017 denunció a Julio Castro, un fiscal general encargado de representar a la sociedad en los juicios por homicidios, violencia de género, abusos sexuales y robos.

En marzo del año pasado, A. se presentó lesionada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. Ahí contó cómo Castro la golpeó y la violó en dos oportunidades. Después de varios peritajes y estudios psicológicos y psiquiátricos, la causa fue elevada a juicio oral.

El fiscal general Julio Castro, encargado de representar a la sociedad en los juicios por homicidios, violencia de género y abusos sexuales, fue denunciado por golpes y violaciones

“Él me decía que me iba a hacer desaparecer y por eso tengo miedo”, contó ella cuando lo denunció. Castro decidió ir por el camino de atacar a su ex pareja: “Me estaba manipulando, estaba siendo dominado por ella, ella hacia lo que quería conmigo”. Además de la denuncia, el fiscal enfrenta un sumario por acoso sexual y malos tratos contra sus empleadas. Irónicamente, Castro estuvo incluso a cargo, desde su creación, de la Unidad Fiscal de delitos contra la integridad sexual. Renunció en 2010.

Cuando se casó, Carolina fue “freezada”. No le pasaban causas y los comentarios que recibía por parte de su jefe eran siempre despectivos. No quería tampoco firmarle un pase a otro lado. Estuvo dos años así hasta que un colega intervino y “la pidió” para trabajar con él. “Fue la única forma de salir de ahí: que se lo pidiera otro hombre”, recuerda.

Desde la sanción de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hace casi diez años ya, los integrantes de los tribunales porteños comenzaron un lento proceso para considerar a la víctima y no maltratarla. La incorporación del femicidio como agravante y la creación de la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres ayudaron a descongelar a un sistema judicial muy cómodo con los prejuicios propios de una sociedad machista y patriarcal.

No obstante, en juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías todavía sobreviven hombres que se creen superiores a las mujeres. Que las tratan como objetos sexuales. Que las acosan y las relegan profesionalmente cuando no logran conseguir su objetivo. Esos hombres son los mismos que tienen que investigar las causas por abusos sexuales, por femicidios o por violencia de género. Casi como nombrar bombero a un pirómano.