Desde que el Ejecutivo prorrogó el decreto de emergencia sanitaria, el punto de controversia se generó por un nuevo apartado sobre la situación de los argentinos que se encuentran en el exterior. Desde Casa Rosada limitaron el cupo a 600 personas diarias para que puedan ingresar a la Argentina y argumentaron la medida con la preocupación de la variante Delta del coronavirus. La polémica escala cada vez más alto en torno a la calificación de “varados” para mencionar a los 45 mil viajeros sorprendidos en el exterior.

“La gente, cuando sale, firma una declaración jurada donde acepta que puede haber reducción de vuelos”, enfatizó la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano. El Gobierno se amparó así en ese documento para avalar la decisión que adoptó. Para la funcionaria nacional, los consejos nunca faltaron: “Hace tiempo que venimos advirtiendo con la recomendación de no viajar en este tiempo de pandemia”.

Carignano entiende que hay falta de control en el aislamiento del viajero que llega a la Argentina, lo que justificaría la limitación de la entrada de personas al país.

En ese sentido, tanto la Ciudad como la Provincia tomaron nota de la llamada de atención y tuvieron cierta coincidencia para reaccionar. Kicillof dispuso un aislamiento de cuatro días en un hotel para el viajero. Mientras que Rodríguez Larreta buscó ser algo más flexible: sólo quien dé positivo y no pueda alojarse en su domicilio estará recluido. En ambos casos la estadía debe ser pagada por la persona involucrada.

Para la directora de Migraciones, el concepto de “varados” no es correcto. “Se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses”, sostuvo en un comunicado. Y agregó: “Hay un porcentaje de ellos que deberá reprogramar su vuelta y que podría implicar alguna demora, pero no es equiparable a estar varados”.

En Juntos por el Cambio parecen tener matices diferentes sobre esta problemática. El Gobierno de la Ciudad no se pronunció en contra de la medida que limita el ingreso de personas al país.

Por su parte, Patricia Bullrich alertó que la decisión de Nación pasa “por su incapacidad de llevar con seriedad la política sanitaria y la provisión de vacunas”. Pero fue más dura aún y definió a la disposición como “un severo avance del autoritarismo”.

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El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, se puso en línea con la titular del PRO al considerar que “la manera correcta es tener una clara política sanitaria y no actuar como Insfrán”. Y, por último, advirtió: “Cuando cortan libertades, están faltando a la Constitución”.