A raíz del reclamo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) por la suspensión de 12 mil planes sociales por parte del Gobierno nacional, desde el ministerio de Desarrollo Social detallaron los puntos de la resolución que, hace un año, estableció las penalizaciones para quienes no cumplan con las contraprestaciones que se necesitan para cobrar esas ayudas. 

En los últimos años, para reducir los planes sociales, el Gobierno dispuso una serie de cambios en los mismos con el objetivo de que los cobradores ingresen al mercado laboral y, de esa manera, dejen de cobrar la prestación del Estado. También se buscó avanzar en la eliminación de intermediarios entre la administración nacional y los beneficiarios de los planes.

En ese sentido, se les comenzó a exigir a quienes cobran un plan social una serie de contraprestaciones: terminar el colegio secundario, ir al médico, buscar trabajo regularmente y, si ya terminó el secundario, acreditar formación profesional. Según el secretario de Economía Social del ministerio, Matías Kelly, los 12 mil planes suspendidos corresponden a personas que no presentaron pruebas de estar terminando el secundario.

En paralelo, las medidas del Gobierno apuntaron a eliminar intermediarios y neutralizar el poder de ciertos dirigentes sociales y punteros, proponiendo una relación directa entre el Estado y el beneficiario del plan social. Desde la CTEP respondieron que el abandono del secundario de muchas personas se debe a que el Ejecutivo cerró varios centros de estudio.

En diálogo con radio La Red, Kelly explicó que con las nuevas iniciativas se está terminando con el cobro de planes sociales por parte de personas que no cumplen con los requisitos: "Las contraprestaciones que exigimos son terminar el secundario y acreditar formación profesional. Es obligatorio cumplir con ambas ya que son chequeadas todos los meses. En el caso de que las personas que no cumplan vuelvan a estudiar, se les volverá a pagar lo correspondiente al plan social”.

En la misma línea, sostuvo que se está llevando adelante un plan "empalme” con los empresarios, es decir, que el dinero del plan social se les recorta a quienes contratan de las cargas patronales, con el objetivo de incentivar el trabajo de calidad. "La gente prefiere tener empleo que un plan. Es marginal la gente que empieza a trabajar y prefiere cobrar el plan”, concluyó.