A través de la resolución 150/25, el Gobierno hizo efectiva la disolución de la secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, y quien se encargó de anunciar la medida fue el propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado. "Motosierra", comenzó este viernes su publicación en X Federico Sturzenegger, quien detalló: "Son $6.500 millones por año de impuestos que ya no habrá que cobrar".

Esta medida, como todas aquellas que se toman desde la cartera que tiene a cargo, van en línea con uno de los principales objetivos del Gobierno, bajar el gasto público. En cuanto a la disolución de esta secretaría en particular, Sturzenegger fundamentó: "La construcción estatal de viviendas es una mala política habitacional (tiende a aislar a la gente del mercado laboral, ni hablar de su tendencia a la corrupción, ¿se acuerdan de  "Sueños Compartidos"?). Además, en todo caso, es una tarea provincial o municipal".

Asimismo, el Ministro señaló los pormenores de la normativa: "Transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría. Junto con los contratados, la reducción de personal es de 500 personas. Hay además un número indefinido de auditores contratados a través de universidades que también se descontinúan". 

"Computar el ahorro para el contribuyente es fácil. Sin considerar lo de universidades, a un sueldo promedio de 1 millón de pesos por empleado son 6.500 millones de pesos por año de impuestos que ya no habrá que cobrar. (El valor presente de este gasto son 130.000 millones)", explicó.

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En su publicación, subrayó la intención de Milei de achicar el Estado: "La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el Presidente".

Este martes, en la misma dirección, el Gobierno unificó por decreto los sistemas de inscripción vinculados a la contratación de obra pública y dispuso modificaciones en el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional (APN).

Con esto, se apunta a reducir la burocracia, simplificar los procedimientos con el Estado y eficientizar el uso de los recursos estatales. La normativa entró en vigencia el pasado miércoles 19 de febrero.

Esta medida apunta a continuar con las desregulaciones en el marco de la "motosierra 2.0" o "motosierra profunda" que el Gobierno anunció para 2025, luego de haber cesanteado a 37.595 empleados estatales durante su primer año de gestión.