La libertad de Cristóbal López junto a su socio Fabián de Sousa sacó varias cosas a la luz: Ignacio Rosner, de OP Invesment, un Newman-boy como el presidente al que todos acusaban de ser hombre de Mauricio Macri, era un financista puesto por el tándem que pasó 87 días en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Apenas afuera, Cristóbal confirmó que aún es dueño de Grupo Indalo y que el enigmático Rosner era de los suyos.

Si bien el cambio de carátula casi asegura que López no irá preso -al menos no por la causa del Impuesto a la Transferencia de Combustibles que no pagó y cuyo dinero utilizó para inflar el aparato mediático de Indalo- aún está por dirimirse la situación de sus empresas. Lo cierto es que Cristóbal debe 10 mil millones de pesos a la AFIP por la evasión que perpetró durante casi cinco años.

La situación ya había sido polémica puertas adentro de la Casa Rosada. Mario Quintana, mano derecha de Marcos Peña, quiso desde el primer momento tirar el salvavidas para Indalo y chocó de frente contra Alberto Abad, que no quiere que la empresa se salga con la suya sin pagar las deudas que acumula. Es probable que Leonardo Cuccioli cambie la mirada de la AFIP sobre este problema, ya que es un hombre de Quintana.

El conflicto gira en torno a que el Gobierno tiene "una vara muy alta” para la transparencia en su discurso y también frente a los casos de corrupción. El problema es que la cantidad de empleo directo e indirecto que rodea a las empresas de Indalo hacen dura la tarea de llevarla a la quiebra pese al mensaje positivo que podría significar que el Estado no salve al imperio de López.

Una opción sería llevar a la empresa a la quiebra y rematar aquellos activos que cuentan con algún atractivo para los inversores. En este caso, serían numerosas las pérdidas de puestos de trabajo, fundamentalmente la del holding mediático, que los últimos años logró mantenerse con la evasión del impuesto a los combustibles y no presenta balances prometedores.