El Frente de Todos presentó el proyecto de Ley de Refuerzo de Ingresos, una “política transitoria” que tiene como objetivo reducir “drásticamente” la indigencia en Argentina. A diferencia de la iniciativa impulsada por los diputados de Patria Grande, denominada Salario Básico Universal (SBU), la propuesta que lleva la firma de la senadora Juliana Di Tullio y el jefe del interbloque oficialista José Mayans no apunta a la universalización del beneficio, sino a un grupo específico de la población. ¿De qué se trata?

• El proyecto. La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las personas cuyos ingresos se encuentren por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto, hoy en $15.057 según los últimos datos publicados por INDEC al mes de junio de 2022. El monto se actualizará de forma trimestral.

• Beneficiarios. La medida apunta a aquellos que no perciban ninguna prestación por desempleo o programas de ningún plan social o programa que sea otorgado por el Gobierno nacional ni provinciales ni municipales. Tampoco podrán recibirlo jubilados o pensionados, ni trabajadores en relación de dependencia, ni pequeños contribuyentes. La inscripción estará abierta, a su vez, a mujeres de entre 25 y 59 años y hombres de entre 25 y 64 años. Así y todo, se espera que alcance a alrededor de 1,7 millones de adultos. ANSES será la autoridad de aplicación y tendrá a cargo tanto la inscripción como el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

• Argumentos. Según consta en el documento, la iniciativa surge con el propósito de “garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”. Para Di Tullio, su autora, “mientras abordamos la agenda de temas de mediano y largo plazo, una parte de la población requiere de medidas urgentes que no pueden esperar a resolver los indicadores macroeconómicos".

• Temporalidad. A su vez, el proyecto señala que la prestación será de carácter temporal, durante un año, pero con la posibilidad de renovación, cuando se pueda verificar que las condiciones de vida del beneficiario continúan siendo las mismas.

• Costo fiscal. En general, este tipo de medidas suelen contar con el rechazo de la oposición e incluso los sectores más ortodoxos del oficialismo por su impacto en las arcas públicas. Según los cálculos que elaboró el equipo de Di Tullio, junto con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, la iniciativa tendrá un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y del 0,44% durante el año siguiente.