Después de que se conociera públicamente el proyecto de ley que crea el Régimen Penal Juvenil con la baja de la edad de punibilidad a los 15 años, los principales organismos de Derechos Humanos y la Iglesia salieron al cruce.

El nuevo régimen podría aplicarse a los menores de entre 15 y 18 años que cometan delitos graves y a menores de 15 cuando cometan algún delito que tenga quince años o más de prisión, aún cuando sea en tentativa y en circunstancias ajenas a su voluntad.

Uno de los motivos que esgrimen desde el Gobierno para la aplicación de este régimen es el de crear en los adolescentes un sentido de responsabilidad civil; sin embargo, muchas instituciones creen que fomenta la mano dura en materia penal para los jóvenes.

La crítica de los organismos de Derechos Humanos

Aunque Lilita Carrió afirmó en diálogo con TN que el proyecto había sido ideado hace más casi dos décadas por el CC-ARI con apoyo de UNICEF, desde la institución ya se pronunciaron en contra de la baja de edad de punibilidad. 

En un comunicado formal, aclararon que si bien es importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales, para llevarlo a cabo se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión.

Además, confirmaron que la reforma no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. 

Por otro lado, en diálogo con El Canciller, Amnistía Internacional aseguró que la propuesta es algo que los preocupa y que representa un retroceso en materia de Derechos Humanos, contrario a los principios internacionales.

Justifican que en junio de 2018 el Comité de los Derechos del Niño, que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Argentina, señaló que la regulación penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal.

La posición de la Iglesia

La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, integrada por el Padre Pepe Di Paola y otros sacerdotes, religiosos y laicos que trabajan en territorios vulnerables, también críticó la idea del Ejecutivo a través de un comunicado oficial.

En el mensaje público, los Curas Villeros dejan en claro que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil no puede centrarse únicamente en la persecución estatal a adolescentes a través del derecho penal, sino en cómo llevar adelante una metodología que cumpla también con las normativas que garantizan sus derechos.

Tildadas de “propuestas simplistas con fines electorales”, el organismo deja en claro que frente a las alarmantes cifras económicas en Argentina, donde el 48% de los niños es pobre, y donde las principales instituciones de contención infantil están deterioradas, pensar en bajar la edad de imputabilidad como respuesta es “demagogia punitiva”.

Además, aseguran que la aplicación de esta medida significará profundizar la violencia y convertirá a los adolescentes en enemigos sociales.