Rechaza el Gobierno la jugada de Lorenzetti pero sugiere Carrió que hubo un "pacto de impunidad"
A contramano de la idea que enuncia Cambiemos, el Gobierno salió en las últimas horas a cuestionar en duros términos la decisión de la Corte Suprema que podría demorar el primer juicio oral contra Cristina Kirchner. La más enfática fue la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que apuntó directamente contra Alberto Fernández y calificó la jugada del máximo tribunal como una "chicana".
En Twitter, Alonso habló ayer de "una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad" y calificó la decisión de la Corte como "inédita". Además, reclamó al Tribunal Oral N° 2 que inicie el juicio de todas formas la semana próxima, como estaba previsto, porque "no hay fundamento para que no lo haga". De paso, a sabiendas de que sus seguidores suelen formar parte de las campañas de "trolleo" en las redes, mencionó a los tres jueces que lo integran: Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Esta mañana, en diálogo con radio La Red, la exdiputada del PRO dijo que es "un día negro para la institucionalidad argentina" e insistió con vincular al exjefe de Gabinete del kirchnerismo, hoy devenido en asesor principal de la expresidenta: "Solo se puede entender el fallo como una operación política de gente cercano a Cristina. Particularmente Alberto Fernández".
Según la titular de la OA, que como querellante hizo una presentación ante el fiscal Diego Luciani para que el juicio inicie el 21, la Corte "no pide suspender el juicio pero le marca la cancha al Tribunal Oral". Minutos después de la presentación del organismo, Luciani pidió formalmente que el proceso oral inicie en la fecha estipulada.
Marcos Peña también fue muy duro con los jueces: "Esta resolución genera mucha bronca en la sociedad porque hay una demanda de que se haga justicia". En ese sentido, advirtió que "cuando se dilata la justicia y se empieza a empantanar el proceso, debilita la credibilidad del proceso judicial".
Más temprano, el ministro de Justicia, Germán Garavano, también había cuestionado el pedido del máximo tribunal, aunque en términos más diplomáticos que Alonso: dijo que hay un "condimento político" en la resolución pero aclaró que el Gobierno respeta las decisiones del Poder Judicial. Además, evitó vincular a Alberto Fernández.
Después de las declaraciones de Garavano, Elisa Carrió salió con los tapones de punta. En Twitter, aseguró que la Coalición Cívica "no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad", dando a entender que hubo operadores del Gobierno en la Justicia detrás de la decisión de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juen Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.