Los diputados por el Frente de Todos Hugo Yasky y Claudia Ormaechea presentaron distintos proyectos de ley para reducir la jornada laboral con el objetivo de aumentar el empleo registrado. Se trata de una medida que se está debatiendo en varios países del mundo en el marco de la expansión del teletrabajo por la pandemia del Covid-19.

Si bien el debate de achicar la jornada posee larga data a nivel internacional, tomó fuerza recientemente a raíz de la publicación de un ensayo realizado en Islandia, donde 2500 empleados del Ayuntamiento de Reikiavik pasaron a trabajar 35 o 36 horas semanales sin disminución de sus salarios. Los resultados, publicados en el portal británico Autonomy, fueron “un rotundo éxito”, según afirmaron los investigadores.

Otras experiencias similares que se están desarrollando en el mundo incluyen a Nueva Zelanda, donde la empresa Unilever está dando la oportunidad a sus trabajadores de reducir sus horas un 20%; en España, con el diputado Iñigo Errejón del partido Más País presentando un proyecto similar; y en Japón donde se recomendó a las empresas aplicar la misma reducción a cuatro días para superar la crisis de la pandemia, reducir la tasa de suicidios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

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En la Argentina, la ley establece que la jornada laboral no puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, una situación que es similar en países vecinos como Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el otro extremo, se encuentran Francia, Australia y Dinamarca, donde las jornadas legales son menores a las 40 horas semanales. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en términos generales, es en América Latina, parte de África y el sur de Asia donde están las jornadas más largas.

El proyecto de ley presentado por la diputada Ormaechea propone una jornada laboral máxima de 6 horas diarias y un tope de 36 horas semanales, mientras que la iniciativa del diputado Yasky plantea una carga semanal de 40 horas y que los gremios de cada cámara empresaria fijen la forma en que se distribuyen esas horas a lo largo de la semana, tal y como sucede actualmente.

En declaraciones a El Canciller, Yasky sostuvo que resulta “anacrónica” la vigencia de la jornada de 48 horas debido a que la misma fue establecida en el siglo XIX por la OIT y que desde entonces se produjeron numerosos cambios sociales y culturales, los cuales incluyen a los modos de producción. Entre estos, señaló la introducción de la mujer en el mercado laboral formal y la inclusión de la ciencia y la tecnología, que “elevó la productividad, acortó los tiempos de producción y redujo la mano de obra intensiva”.

En ese contexto, “el sector empresario asume, tal y como lo demuestra la OIT, que menos tiempo de trabajo no significa necesariamente merma de la productividad. Por el contrario, la jornada más corta de trabajo significa un uso más racional de los tiempos de producción, de la energía, menos accidentes de trabajo, mayor productividad”, agregó el también secretario general de la CTA.

Otro referente que apoya la disminución de la jornada laboral es el ex diputado nacional Héctor Recalde, quien en diálogo con El Canciller, puntualizó que no disminuir el salario en Argentina implica una “ventaja comparativa trascendente” porque el mercado interno ocupa prácticamente el 80% del PBI. En esta línea, precisó que un mayor poder adquisitivo por parte de los trabajadores y jubilados trae como consecuencia un aumento del consumo, la producción y las ventas.

“Ni hablar de los derechos que adquiere el trabajador para gozar un poco más de su tiempo libre tanto en términos familiares, culturales, deportivas y educativas. No estaría mal tener trabajadores más felices, ¿no?”, concluyó Recalde.

Del otro lado de la vereda se ubican principalmente la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó a El Canciller que este debate se origina en ideas que sugerían que la tecnología iba suprimir la posibilidad de creación de puestos de trabajo, creencias que, según él, carecen de evidencia empírica.  “En el caso argentino esto está muy lejos de ser una realidad. En el sector industrial, por ejemplo, por cada puesto de trabajo se generan otros de forma indirecta”, profundizó el abogado laboralista.

“Para eso están los convenios colectivos de trabajo, que han generado mecanismos para adecuarse a la organización de la producción y del trabajo, la cual es distinta según los sectores de actividad y las características de las tareas. Por ende, no se pueden establecer principios de tipo general de esta naturaleza”, agregó el titular de la UIA.

En tanto, Andrés Rodríguez, secretario general nacional de la UPCN y secretario general adjunto de la CGT, señaló que se trata de un debate “muy prematuro”, ya que -según él- la prioridad en este momento es “reactivar el trabajo" y agregó: "Al contrario, me parece que hay que crear el mayor empleo formal posible".