La Oficina Anticorrupción (OA) dejará de ser querellante en los juicios por casos de corrupción que involucran a funcionarios y exfuncionarios. La resolución que oficializa la medida lleva la firma de su titular, Félix Crous, la misma disuelve la Dirección de Litigio Estratégico por falta de personal. Los empleados que integraban esa área serán reubicados.

"Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina", sostuvo la resolución. Y agregó: "En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia".

"Esto lo veníamos anunciando desde antes de asumir", afirmó Crous en diálogo con Radio 10, tras publicarse la medida.

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El organismo, dependiente del Poder Ejecutivo, tiene dos facetas. Una dirigida a la prevención de los hechos de corrupción y la otra a investigar la comisión de esos delitos. Desde que asumió el ex titular de la PROCUVIN, anunció que iba a darle prioridad a la prevención desde la OA. 

A su vez, la norma destaca que los procesos penales tendrán garantizados el interés social "con la actuación de la fiscalía", es decir, del Ministerio Público Fiscal (MPF). "Este rol parajudicial que tiene la OA se superpone con otros organismos del Estado e implica la dilapidación de recursos que son escasos", dijo Crous en referencia al rol del MPF.

El organismo querellaba en diversas causas conocidas como la Ruta del Dinero K, los cuadernos o fotocopias de Centeno y la Tragedia de Once, entre otros. Ayer, el organismo denunció que la gestión anterior adquirió 600.000 dosis de vacunas triple bacteriana y las dejó vencer en un frigorífico, contratado por el Ministerio de Salud en ese entonces.

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Integración de la OA

La decisión gira entorno a la cantidad de personas que trabajan en la OA, ¿cuál es la situación? Antes de que se dicte el decreto 632/2020 (que prohíbe contrataciones en el Estado nacional), habían 125 agentes. Según el Programa de Análisis de Dotaciones elaborado por la Secretaría de Empleo Público, en el 2018, el organismo debería tener 138 agentes. 

"La actual gestión asumió la conducción del organismo con una dotación alrededor de un 30% inferior que la que fue indicada en aquél análisis", indica la resolución.

La OA tuvo la baja de 42 empleados y se contrataron 19 personas. A su vez, dentro del organismo hubo promociones de cuatro agentes que pasaron a cargos de la Alta Dirección Pública. Las vacantes todavía no fueron cubiertas.

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"Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un
tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la
prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia", dice la resolución.

La OA está compuesta por dos subsecretarías: Integridad y Transparencia, e Investigaciones Anticorrupción. Y aparte de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, cuenta con cinco direcciones: Asuntos Estratégicos, Relaciones Institucionales, Ética Pública, Investigaciones y Sistema de Declaraciones Juradas.