El Gobierno echó este sábado a Florencia Misrahi, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el ente que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Manuel Adorni confirmó que la resolución la tomó Javier Milei, debido a la decisión de la ahora exfuncionaria de modificar el régimen tributario de los streamers e influencers y, además, comunicó que su reemplazante será Juan Pazo, un hombre cercano al ministro de Economía, Luis Caputo. 

El portavoz presidencial también reveló que, junto a Misrahi, fueron despedidos otros dos funcionarios, a quienes no identificó, y afirmó que Pablo Quirno asumirá el rol de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, cargo al cual había sido designado Pazo el miércoles último.

Minutos después del posteo del vocero en X, la Oficina del Presidente subrayó la condición de "inconsulta" de la medida de Misrahi y aseguró que "será revertida". "Este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación, sino bajar el gasto público", argumentó el comunicado. 

La gota que rebalsó el vaso fue una disposición que oficializó el organismo que depende del ministerio de Economía el viernes de la semana pasada. Se trata de la resolución 5607/2024, que grava la actividad de los creadores de contenido en las redes sociales y plataformas.

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De esta forma, las personas que se dediquen a "servicios de creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual que sean utilizados y/o reproducidos a través de redes sociales, aplicaciones tecnológicas y/o plataformas digitales y otras actividades económicas" deberán registrarse para empezar a tributar.

La medida generó enojo en el Gobierno, debido a que va en contra de la política de eliminación de impuestos, desregulación del Estado y de beneficios al sector privado sobre la base de la liberalización de la orientación económica. 

De todas maneras, la ahora extitular de la ARCA estaba en la cuerda floja desde hace semanas. Su relación con la administración libertaria comenzó a erosionarse luego de llevarse a cabo la desintegración de la AFIP. En ese marco, la Casa Rosada promovió la reducción de los salarios del personal jerárquico, pero la abogada y magister en Derecho Tributario se negó a aceptar esa reducción.

Misrahi cobraba $35 millones mensuales, cuando la intención del Ejecutivo era disminuir ese tipo de haberes de los altos cargos hasta llegar a un promedio de $4 millones, de forma que quedaran igualados con los percibidos por los ministros.

La creación de ARCA, además de la controversia por los altos salarios de los principales funcionarios, trajo aparejada la decisión de realizar un ajuste de la estructura interna con la amenaza de más de 3.000 despidos, que no llegaron a concretarse plenamente.