El Gobierno trabaja actualmente en un proyecto de ley que buscará convertir a las barrabravas en organizaciones criminales. En caso de ser aprobado, tanto sus integrantes como los dirigentes que colaboran con ellas podrían ser juzgados con más dureza. 

La iniciativa, que todavía se encuentra en el área de Legal y Técnica de Presidencia, propone que las barrabravas sean tipificadas como asociaciones ilícitas. 

Los dirigentes de los clubes también serían afectados por esta nueva ley. En caso de colaborar con los violentos, o darles entradas para los partidos, podrán recibir penas de hasta seis años de prisión. 

Se intentará atacar a todos lo negocios ilegales que rodean al fútbol, por ejemplo el control de los estacionamientos mediante "trapitos". La idea es cortar las principales fuentes de financiación que tienen estas organizaciones, que suelen actuar mediante la violencia, las amenazas y las extorsiones.

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Otro ítem importante de este proyecto de ley es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa. En este sentido, la Justicia podrá determinar a quiénes se les puede prohibir el ingreso al estadio, incluso sin que tuvieran una sentencia firme.

También estarán en la mira los organizadores de los eventos deportivos, de quienes se sospecha que tienen cierto nivel de connivencia con las barrabravas. En caso de ingresar personas con derecho de admisión, o de ser encontradas armas, se responsabilizará al organizador.

El objetivo central de la ley es poder cortar todas las vías que las barrabravas utilizan para actuar con impunidad. No solo estarán sus integrantes bajo la lupa, sino también todos aquellos que colaboran con ellos, los financian o simplemente miran para otro lado.