“Los federales nos está haciendo quedar mal a todos”. La frase la dijo en un encuentro de fin de año un juez que tiene su despacho en el Palacio de Tribunales. No es original: lo repiten muchos magistrados que miran de afuera lo que pasa en Comodoro Py.

Acostumbrados a que las luces, los flashes y las tapas de los diarios se los lleven los que habitan en Retiro, los jueces del Palacio y sus alrededores observaron todo el año la escalada de sus colegas que fueron de procesamientos que antes dilataban a preventivas con justificaciones más que llamativas.

La famosa “doctrina Irurzun” fue una de las grietas más profundas. Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, juez histórico de Comodoro Py, le abrió la puerta al desafuero y detención de Julio de Vido en octubre. Utilizó, como uno de los motivos, su condición de diputado y ensayó un tipo de preventiva para (ex) funcionarios. En otras palabras, que podían utilizar sus “relaciones residuales” de poder para entorpecer las causas.

Después de Julio, detuvieron a Boudou y también a Carlos Zaninni. Los jueces Ariel Lijo y Claudio Bonadio justificaron las preventivas con parte de la letra del fallo Irurzun. Pero la grieta, aunque de manera subterránea, ya había comenzado a abrirse. Muchos de los jueces no federales (y algunos de los funcionarios de Comodoro Py también) creían que la fundamentación no alcanzaba. Ninguno de ellos puede catalogarse de “k”, como para desterrar la inverosímil versión de que el kirchnerismo dejó una red amplísima de justicia amiga. Las críticas venían desde adentro de la mismísima “corpo judicial”.

“Es irrazonable la consideración en abstracto de pretendidas relaciones residuales o influencias fundadas en los cargos que desempeñó Boudou para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento”. El fragmento le pertenece al juez Eduardo Farah y lo escribió la semana pasada cuando falló a favor de la libertad del vicepresidente en la causa por enriquecimiento ilícito.

Hubo también una crítica a Lijo por la forma en que realizó la detención, a la que se sumó el juez no federal Rodolfo Pociello Argerich, integrante de la Cámara de Apelaciones ordinaria. ¿Cómo llegó a formar parte de esta decisión? Porque el otro juez que estaba de feria (el integrante de un Tribunal oral Federal convertido en camarista) Leopoldo Bruglia votó a favor de que Boudou se le rechazara la domiciliaria. 

Al día siguiente, la Cámara Federal liberó a Amado después de revocar la preventiva en una causa menor. Bruglia votó porque utilicé una tobillera electrónica pero su propuesta no tuvo éxito.

¿Presiones o intereses?

Los Tribunales de Retiro y sus integrantes manejan su propia lógica, por fuera a veces del Código Penal. Con sus frenos, su forma de acelerar los expedientes y sus justificaciones, manejan la suerte y desgracia de los políticos (y de muchos otras personas más).

Los ahora once de instrucción (todavía no fue ocupado el lugar que dejó Norberto Oyarbide) tienen estilos diferentes pero en algo que coinciden sus colegas ordinarios es en que todos juegan, primero, para ellos. Descartan en casi todos los casos que la “presión de la política” los influya de manera directa. Cada uno de los fallos de relevancia mediática está calculado además de fundamentado, explican.

¿Qué quieren decir con esto? Básicamente, que el argumento simplista de que la justicia federal está manejada por el macrismo (o por el kirchnerismo en su momento) es corto y no alcanza para analizar un sistema que tiene a más del 50% de sus investigados en prisión preventiva y donde los juicios por delitos complejos pueden llegar a tardar una década en llegar.

La crítica de los jueces de una Cámara Federal a los que hacen las investigaciones no es algo inesperado o sorpresivo. Tampoco las disidencias entre colegas. Pero si debe analizarse en un contexto donde muchas veces Comodoro Py juega en bloque. Lo de Boudou puede ser una excepción dentro de la regla o significar una ruptura que cambie el funcionamiento. 2018, allá vamos.