Un 3% te puede definir una elección. También puede convertirse en tu mejor estrategia de campaña. Los delitos cometidos con motos crecieron en la Ciudad de Buenos Aires apenas un 3,16% si se compara el 2017 con el 2018, pero ocupan hoy la agenda central del Gobierno.

¿Qué representan estos porcentajes? En toda la Ciudad se registraron poco más de 70 mil robos el año pasado. El robo es la situación cometida con algún grado de violencia, lo que lo diferencia del hurto. Las situaciones que involucraron motocicletas en 2018 fueron 11.166, que significan un 15% de todos los robos de la Ciudad.

¿Por qué es eje? El Gobierno, a través de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios, hace hincapié en este tipo de delitos por diversas razones. Primero, porque en la Ciudad de Buenos Aires es un delito que creció en zonas donde el PRO tiene su núcleo más duro: Recoleta, por ejemplo. También lo hizo en el corredor norte de la Ciudad, lo que se vio reflejado en un informe que preparó la policía y donde se observó un aumento importante en enero y febrero.

El robo tiene una pena que va del mes a los seis años de prisión y que puede llegar hasta los veinte años de prisión en casos más graves y que involucren armas de fuego. Hay que analizar entonces tres cuestiones a la situación "motochorro": si la persona tiene antecedentes o condenas anteriores, cómo se dio el hecho y si fueron atrapados en "flagrancia". El procedimiento de flagrancia es algo que impulsó el Gobierno hace un año y medio y cuyo objetivo es agilizar las causas judiciales cuando se trate de delitos simples.

Un ejemplo: un hombre a bordo de una moto le arrebata el celular a alguien que va por la vereda enviando un mensaje. Lo detienen a los pocos metros: no tiene antecedentes ni causas en trámite. Se aplica el trámite de flagrancia y por ser la primera condena probablemente quede por debajo de los tres años, lo que la convierte en una condena en suspenso. Esto significa que no ese hombre no irá detenido a menos que incumpla con alguna de las reglas de conducta que le puede fijar el juez, como por ejemplo no poder conducir ningún vehículo.

En el último caso (el robo del reloj a dos turistas), el método de flagrancia no se aplicó porque no se cumplió con uno de los requisitos que tiene el sistema que es que las víctimas deben ratificar la denuncia. Esto no significa que la investigación esté caída. El otro caso que tuvo relevancia mediática fue el del hombre que robó nueve celulares en una tarde y que fue condenado a tres años de cárcel. En ese caso, la condena fue por dos sucesos que habían ocurrido antes del raid de los nueve, causa que sigue investigándose.

La polémica sobre la liberación de personas que cometen delitos no es nueva. Desde el oficialismo varias veces se pronunciaron en contra de que excarcelen a personas acusadas de cometer delitos, a pesar de que las prisiones preventivas son un método excepcional y que sólo debería aplicarse en casos donde corra riesgo la investigación. Ahora, irán un paso más allá: la idea del Ministerio de Seguridad es modificar los artículos del Código Procesal Penal que regulan el tema de excarcelaciones y que los jueces tengan más requisitos y condiciones para concederlas. 

Desde Tribunales se muestran bastante escépticos con el tema. Se consideran el chivo expiatorio de la campaña electoral del gobierno y consideran que los ataques son justamente parte de esto. Los jueces más progresistas apuntan que las unidades carcelarias están colapsadas. La alcaída de Tribunales está llena de personas que duermen allí cuando no está permitido y el hacinamiento en las cárceles federales llegó a tal punto que la semana pasada tres jueces aseguraron que las condiciones son inhumanas.