"El príncipe de la obra pública” habló y sus palabras llegaron hasta estas tierras. Marcelo Odebrecht, número uno de la constructora homónima, su máximo ejecutivo para América latina, Luiz Antonio Mameri, y otro de sus colaboradores, Marcio Faria, confesaron cuando estalló el Lava Jato y ahora se conocieron los documentos que acreditan esas palabras y salpican a ex funcionarios kirchneristas ¿Los apuntados? el ex ministro de Planificación, Julio de Vido y su segundo, Roberto Baratta, hoy ambos presos. Sin embargo, no son los únicos.

Los delatores premiados apuntaron contra Julio De Vido por haber cobrado coimas por la venta de Transener a la empresa Electroingeniería.

"Pagos indebidos”, "recursos indebidos”, "valores indebidos” son los términos que consignan la operatoria. Son, ni más ni menos que eufemismos, pero detallan con nombre y apellido, obras, empresas, intermediarios y montos, cómo se operó. De Vido y Baratta fueron la mano ejecutora y diversificadora de las principales obras del país durante los doce años de gobiernos kirchneristas y fueron los interlocutores con las principales empresas que realizaron diferentes tipos construcciones a lo largo y ancho del país.

Según detalla Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, el esquema era así: primero, el reparto de la obra pública, coordinada por el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de aquél entonces, Carlos Wagner ¿Qué empresas estaban involucradas? Iecsa, ahora perteneciente al empresario energético Marcelo Mindlin, era una. También estaban Benito Roggio, concesionaria de los subtes porteños y BTU.

Mameri, detalló que en la operatoria de los contratos para la construcción del Sistema de Potabilización Área Norte con la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), hubo coimas por al menos US$ 14 millones, y que en el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, contó con pagos negros por al menos US$ 3,3 millones, cifra que podría trepar a los US$ 20 millones.

Iecsa, Benito Roggio y BTU, las empresas apuntadas por los brasileños

De Vido aparece mencionado por uno de los testigos protegidos como protagonista de dos reuniones para definir un proyecto de extensión de las redes troncales de gas, y por otro como receptor de coimas por una operatoria de Electroingeniería con Transener. En la trama aparece el nombre de Jorge "Corcho” Rodríguez, esposo de Verónica Lozano y lobbista. Figura en los documentos como emisario de Baratta, cosa que niega categóricamente.

Hay dos arrepentidos más: uno es Néstor Cerveró, ex director del área internacional de Petrobras, y el otro es lobbista brasileño Fernando "Baiano” Soares. Ambos apuntaron contra De Vido y su asesor, Roberto Dromi, figura privatizadora de los ´90, por haber cobrado coimas por la venta de Transener a la empresa Electroingeniería.