Luego de los allanamientos llevados a cabo en los domicilios de diversos dirigentes sociales, otra causa investiga en los tribunales más de 1.000 denuncias por extorsiones. En el marco de un duro enfrentamiento público entre miembros del Gobierno y grupos piqueteros, el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad, Fernando Soto, aseguró que "la mayoría de los comedores no existieron nunca" y consideró claves las denuncias a las organizaciones por aprietes a beneficiarios de planes: "Esto es el principio de algo más grande".

"Donde decían que había un comedor, había un country", sostuvo el funcionario nacional, e indicó que "actualmente hay más de 140.000 denuncias telefónicas, donde (los damnificados) dicen que los amenazan con sacarles los planes sociales".

"Las denuncias están diciendo la cantidad de miles de millones de pesos que se están mandando, es una realidad comprobada y no una opinión", expresó Soto en declaraciones a radio Splendid.

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Por otra parte, el integrante de la cartera presidida por Patricia Bullrich señaló que el objetivo es que "esto se investigue y que la justicia avance", habida cuenta que se secuestraron diversos elementos que respaldarían la veracidad de las denuncias.

De hecho, las autoridades realizaron 28 allanamientos y secuestraron en los últimos días pendrives, computadoras y teléfonos celulares, cuyos contenidos son de vital importancia para avanzar en la causa. Las requisas fueron llevadas a cabo en las sedes del Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). 

La segunda causa en Comodoro Py, en la que se encuentran estas más de 1.000 denuncias, está a cargo del juez Ariel Lijo e incluye casi diez marchas organizadas desde la asunción a la presidencia de Javier Milei. Según trascendió, se trata de una pesquisa paralela a la que realiza el magistrado federal Sebastián Casanello como consecuencia de los recientes allanamientos.

En diálogo con radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había declarado que "la gente está perdiendo el miedo. Se ha dado cuenta que ha sido victimizada por estas organizaciones". 

"En general, lo que la gente conoce es al capataz, el que maneja los planes en su barrio. El verdugo de las personas es alguien más intermedio, que es el que la gente piensa que tiene que denunciar. Nombran al Polo Obrero, a Barrios de Pie, pero se refieren a los que llevan adelante la acción directa en una zona", había aclarado la titular de la cartera de Seguridad. 

Y había agregado: "Tenemos muchos casos donde nos cuentan que cambiaron de auto, de casa. Los operadores de teléfono nos cuentan que la gente lo dice con mucha bronca. La línea se satura permanentemente. Tenemos causas en todo el país".