El fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a garantizar las clases presenciales en la Ciudad irrumpió este domingo sobre la hora y marcó una profundización del conflicto entre la Nación y la Ciudad.

Hasta el viernes, las perspectivas de un cambio de escenario eran pocas: el presidente Alberto Fernández se había negado a dar marcha atrás y todo indicaba que la Corte Suprema no tenía intenciones de tratar de forma urgente el amparo presentado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, el domingo por la mañana la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno. Fue el primer paso de lo que sucedió después: en tiempo récord, sobre las 19, llegó el fallo para garantizar las clases.

“Hicieron un estrago jurídico”, sentenció el Presidente en el programa de Roberto Navarro tras conocerse la noticia, mientras se esperaba la palabra de Larreta. “No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la Ciudad fue directo a la Corte”, espetó.

También se expresó el ministro de Justicia, Martín Soria: “El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, lanzó y advirtió: “La fiscal, los jueces y el gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”. Esta última frase fue retuiteada por Alberto.

A tono con la disputa que se trasladó a las redes, el Ministerio de Salud publicó un hilo los argumentos a favor de sus pender las clases: “La presencialidad en escuelas puede implicar un bajo riesgo individual pero alto riesgo colectivo, según el análisis epidemiológico”, indicó junto a un gráfico que mostraba la curva de contagios en escalada.

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“Es un gran orgullo anunciarles que mañana las escuelas van a estar abiertas”, afirmó cerca de las 22 Larreta en conferencia de prensa. El jefe de gobierno porteño reconoció la “angustia y la incertidumbre” que la situación genera, e hizo hincapié varias veces en su vocación de diálogo. “Es la mejor manera de cuidar a la gente”, aseguró.

“La educación no puede ser motivo para reforzar la grieta”, aseveró en una noche donde el tema abrió las aguas como pocas veces en los últimos meses. También dejó un guiño para quienes protagonizaron protestas en los últimos días: “Gracias a la convicción de cada uno de ustedes es que los chicos estarán mañana en la escuela”.

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Antes de terminar, acentuó su discurso en las medidas de cuidado que deben mantenerse para no incrementar el contagio y en la “responsabilidad” que debe tener la ciudadanía si es que quiere preservar la presencialidad.

También, le marcó la cancha al Presidente al señalar que su gobierno ya tiene previstas las medidas a tomar según la etapa epidemiológica. Y aclaró: “Esto puede cambiar”.

De esta manera, la tensión entre el gobierno nacional y el porteño llega a su pico máximo desde el inicio de la pandemia, justo cuando la segunda ola comienza a pegar duro y rápido. En el medio, una sociedad hundida en la incertidumbre, que hasta las 22 del domingo no sabía ni si sus hijos debían ir al colegio al día siguiente, con la fatiga de estar transitando una pandemia hace más de un año, afectada por sus consecuencias económicas y psicológicas.

Queda la incógnita de qué carta jugará el Gobierno nacional, quien el domingo se encontraba imposibilitado de recusar el fallo, por no formar parte del caso. Antes de la medianoche, se rumoraba que el Ministerio de Salud se presentaría a discutir la competencia del fuero porteño. También, que Nación se presentaría directamente en el fuero federal para conseguir una resolución que declare la validez del DNU. Queda pendiente también una definición por parte de la Corte Suprema.

Hasta el momento, una sola certeza: estos niveles de conflictividad no le son beneficiosos a ninguna de las fuerzas políticas. Por lo menos a largo plazo. Y menos aún con niños involucrados. Los ojos se posan ahora en la Justicia, que se ve obligada a decidir en otra cuestión que no pudo ser resuelta desde la política.