El proyecto de “ley ómnibus” enviado al Congreso por el Ejecutivo comenzó a ser debatido el martes pasado en un plenario de comisiones de Diputados que, después de discutir durante tres días, reanudará su trabajo el próximo lunes. Este viernes, los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo, convocaron a una reunión virtual a los gobernadores de Juntos por el Cambio, quienes reiteraron su intención de dar “gobernabilidad” a la gestión de Javier Milei, aunque supeditaron su apoyo a que la meganormativa no afecte a las economías regionales.

Asimismo, en el encuentro, que comenzó poco después de las 11, los funcionarios nacionales se comprometieron a analizar las sugerencias planteadas por los 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio.

Participaron de la reunión Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi de (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

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“Junto al ministro de Economía @LuisCaputoAr mantuvimos una excelente reunión con 10 gobernadores provinciales, quienes manifestaron su apoyo a la Ley Bases. A su vez, transmitieron algunas consideraciones vinculadas a las economías regionales, que estamos analizando”, publicó Francos en su cuenta oficial de X. 

Por otra parte, los gobernadores aseguraron que acompañarán la mayoría de las reformas que plantea La Libertad Avanza, aunque resaltaron que defenderán los intereses provinciales en las iniciativas que afecten lo fiscal, la producción y el desarrollo económico. 

Esto quiere decir que no respaldarán la reforma en materia de pesca, ni el aumento de las retenciones a las economías regionales y al campo, ni tampoco las modificaciones a la ley de biocombustibles. 

Además, ya plantearon su desacuerdo con un capítulo de la reforma política, ya que podría verse afectada su representación en el Congreso. 

A pesar de lo informado por las fuentes oficiales, primó el hermetismo, ya que, una vez finalizada la reunión, los ministros y los gobernadores presentes -Frigerio y Pullaro- decidieron retirarse de la Casa Rosada sin hacer declaraciones.

La Libertad Avanza tiene hasta el 25 de enero para conseguir la mayoría necesaria para obtener la media sanción de la ley en el Congreso. Actualmente cuenta con el voto de sus 38 legisladores, pero para llegar a los 129 que hacen falta debe continuar negociando con la oposición. 

Hasta el momento, el PRO, que tiene 37 bancas, es el bloque que se encuentra más comprometido con el proyecto, siempre y cuando hagan lugar a sus sugerencias.

Por otra parte, la UCR y Hacemos Coalición Federal también coinciden en debatir a partir de una estrategia “semáforo”, que consiste en dar luz verde a una parte de las medidas, mientras se negocian otras que generan dudas y se desechan las rojas, es decir, aquellas que no son de ninguna manera admisibles. 

El radicalismo, que cuenta con 34 miembros en la Cámara baja, veta principalmente cinco puntos de la iniciativa. Se trata de la delegación de facultades por dos años (prorrogables hasta el fin del mandato presidencial), la reforma electoral basada en la uninominalidad de circunscripción, la suba de retenciones a la soja y a otros productos de economías regionales, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, y el pack de privatizaciones, aunque en este caso podría acompañar a algunas individualmente.

Por último, Hacemos Coalición Federal, el variopinto bloque que preside Miguel Pichetto, cuenta con 23 representantes y también discute su estrategia internamente.