Tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus, que el oficialismo logró este viernes en la Cámara de Diputados después de tres maratónicas sesiones, se pusieron en marcha las negociaciones para destrabar aquellos artículos en los que aún persisten diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques opositores dialoguistas que decidieron acompañar la iniciativa, cuyo "trazo fino" será puesto bajo la lupa el martes próximo, cuando comience el debate en particular de la normativa.

Según fuentes parlamentarias, las principales disidencias se vinculan con las facultades delegadas, las empresas púbicas sujetas a privatización y la coparticipación del Impuesto País, ampliamente reclamada por los legisladores que están más ligados a los gobernadores.

Este ítem se puso sobre la mesa en los últimos días, motorizado esencialmente por diputados nacionales de la provincia de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, Sin embargo, el Gobierno se mantuvo firme en su decisión de no reintroducir ningún eje del "capítulo fiscal", que fue retirado del proyecto hace una semana para facilitar su aprobación.

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En su tercera extensa sesión, la Cámara baja dio luz verde en general a la "Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que el Gobierno de Javier Milei considera clave para gestionar, con el voto afirmativo de 144 diputados, mientras que 109 se pronunciaron en contra.

Respaldaron la iniciativa el bloque libertario y el grueso de las bancadas del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo, Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Aires Libre, Independencia y Unión Mendocina. Unión por la Patria y la izquierda la rechazaron.

El dictamen de mayoría, que salió el miércoles 24 de enero del plenario de comisiones, fue varias veces ajustado posteriormente por La Libertad Avanza, que conforme pasaron los días fue cediendo en algunos puntos cuestionados por los dialoguistas y manteniéndose firme en otros.

El último retoque, de acuerdo a las fuentes, fue propuesto este jueves en dos aspectos claves: las facultades delegadas y las privatizaciones de empresas públicas.

Esta nueva oferta, entonces, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por el Congreso por el plazo máximo de un año.

Hasta último momento, la emergencia en seguridad estuvo en duda, al igual que la tarifaria y la energética, ya que, con las facultades que se le confieren, el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de "zona fría" para usuarios de gas, lo que colocaría en aprietos a los gobernadores patagónicos.

En cuanto al otro punto, de 36 empresas estatales a privatizar, el oficialismo propuso ahora que sean 27, conservando los procesos parciales en los casos del Banco Nación, de Nucleoeléctrica y de ARSAT. Hace varios días, YPF había sido excluida del paquete. 

En estos dos puntos, sin embargo, portavoces de los bloques opositores blandos dejaron trascender que el acuerdo todavía no es total.