Tras el segundo cuarto intermedio, este viernes se retomó el debate por la Ley Ómnibus en el recinto de Diputados. Con los últimos cambios propuestos a los bloques dialoguistas durante la noche del jueves, el oficialismo se mostró confiado en lograr esta tarde la aprobación del dictamen de mayoría en la votación general. Sin embargo, al comienzo de la tercera jornada, restaban exponer más de 40 oradores.

Mientras transcurría la discusión en el recinto, legisladores nacionales de la provincia de Córdoba, que responden al gobernador Martín Llaryora, insistieron con la idea de incluir la coparticipación del Impuesto País en el proyecto. Desde el Gobierno se mantuvieron firmes y negaron esa posibilidad. Sin embargo, en ese contexto, pasadas las 15 el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegó al Congreso para conversar con el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Finalmente, ya cerca del final de las exposiciones, se daba por hecha la aprobación en la votación general, en tanto que trascendió que la discusión de los puntos de conflicto quedarán para el próximo martes.

Sobre el cierre de este jueves, el oficialismo había propuesto a los bloques dialoguistas más cambios en el dictamen de mayoría de la normativa, por lo que el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, expresó su confianza para "sacar la media sanción". 

Los ajustes realizados están vinculados con dos apartados que generaron las principales rispideces entre el Gobierno y los legisladores opositores que adelantaron que acompañarán la megainiciativa: las facultades delegadas y las privatizaciones de empresas públicas.

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Respecto al primer punto, desde los sectores dialoguistas reconocieron este jueves que las posiciones se acercaron cuando el oficialismo eliminó la emergencia fiscal y previsional.

Esta nueva propuesta, entonces, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024, prorrogable por el Congreso por el plazo máximo de un año.

Hasta último momento, la emergencia en seguridad estuvo en duda en la nueva oferta, al igual que la tarifaria y la energética, ya que, con las facultades que se le confieren, el Gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de "zona fría" para usuarios de gas, lo que colocaría en aprietos a los gobernadores patagónicos.

La Libertad Avanza cedió en el plazo de duración de los "superpoderes", que pasó de dos a un año. Los más reacios a dar luz verde a este punto son los radicales que responden a Facundo Manes, mientras que la Coalición Cívica anticipó que lo votará en contra.

Asimismo, el capítulo de privatizaciones, que desde el inicio de la discusión generó múltiples tensiones, volvió a ser retocado. 

De 36 empresas estatales a privatizar, el oficialismo propone ahora que sean 27, conservando los procesos parciales en los casos del Banco Nación, de Nucleoeléctrica y de ARSAT. Hace varios días, YPF había sido excluida del paquete. 

Entre las compañías que quedaron fuera de la lista están Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

Y para reforzar la transparencia del proceso de privatización, se acordó que una Comisión Bicameral, compuesta por seis diputados y seis senadores, y apoyada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN), deberá ser informada por el Ejecutivo de la modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas y del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación. 

Los legisladores de estos dos bloques opositores duros, que adelantaron que votarán en contra de la totalidad de la ley, regresaron luego al recinto y se unieron para pedir un cuarto intermedio por la situación de violencia que se vivía en las inmediaciones del Palacio Legislativo, pero la solicitud fue rechazada.

Finalmente, y a falta de los discursos de unos 15 oradores, entre ellos los jefes de bloque, la Cámara baja resolvió a las 0:45 de este viernes entrar en receso y retomar la discusión a las 10.