Con un tibio clima de negociación entre el Gobierno y los bloques dialoguistas con respecto a algunos artículos claves, la Cámara de Diputados retomó este martes la votación en particular de la Ley Ómnibus, tras su aprobación en general el viernes pasado.

En primer lugar, los legisladores aprobaron, por 134 votos positivos y 121 negativos, el artículo 1 de la normativa. El mismo establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad. 

Posteriormente, el plenario legislativo avaló por 140 a 115 el apartado que determina las bases de esa emergencia pública, para luego comenzar a debatir el capitulo que se refiere a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, uno de los puntos que presentó mayores rispideces.

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En ese sentido, el fin de semana podría haber sido el momento para que el Poder Ejecutivo y los diputados que acompañaron el proyecto acercaran posiciones en los ejes que mayores conflictos produjeron durante los debates de la semana pasada. Sin embargo, según informó la agencia Noticias Argentinas, ya entrada la noche del lunes el oficialismo no se había comunicado con ninguno de ellos. 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, había sido tajante al responder sobre una de las dos llaves que podrían destrabar la puja entre las partes: el Impuesto País y Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). "El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo", subrayó.

Quien puso sobre la mesa nuevamente el gravamen como carta de negociación fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. De ceder en este punto, la Nación perdería una gran fuente de ingresos. La novela se inició días atrás, cuando Francos habría dado indicios de que el Ejecutivo estaba dispuesta a negociar parte de la recaudación. Sin embargo, esto fue desmentido de manera oficial.

El Ministro regresó el viernes pasado al Congreso por pedido explícito de diputados dialoguistas, para ser el puente político con la Rosada. Las negociaciones se dieron en el despacho del presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras la sesión continuaba en el recinto.

La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el FGS e hizo hincapié en que el Gobierno se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.

Según pudo saber NA, si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.