Desde que salió, la Ley de Alquileres generó inquietudes tanto en los propietarios como en los inquilinos. La iniciativa que había surgido por parte del exdiputado del PRO Daniel Lipovetsky y aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, en tanto, volvió a naufragar en la discusión parlamentaria. En las últimas semanas pareció acercarse a un puerto, aunque aún se desconoce si será bueno o malo.

El pasado martes tuvo lugar la última audiencia de la Comisión de Legislación General, donde una gran cantidad de especialistas manifestaron su parecer sobre cómo reformar la normativa. El menú es amplio: son 30 los proyectos presentados en ese sentido. En líneas generales, las inmobiliarias plantearon la modificación de dos artículos estructurales: el que eleva de dos a tres años el plazo de contrato y el que establece el índice de actualización de forma anual y mediante el calculo que toma la variación salarial del Ripte y la inflación del Índice de Precios al Consumidor en igual medida.

Estaba previsto que para el 26 y 27 de abril hubiera dictamen. Pero se pospuso para la semana que viene con la excusa de poder escuchar a todo el amplio abanico de especialistas. Sin embargo, la principal fuente de dilación en realidad tiene que ver con las diferencias no solo entre las distintas fuerzas sino incluso hacia dentro de ellas.

Reminiscencias de un quiebre

Cada uno tiene su librito. En el kirchnerismo se muestran más reacios a las modificaciones. El sector de Patria Grande, cercano a Máximo Kirchner, directamente no quiere cambiar la normativa vigente para “no ceder ante los intereses del mercado inmobiliario”. El entrecruzamiento interno es tal, que podría haber un voto dividido en el Frente de Todos (FDT). Para evitar un nuevo capítulo al quiebre por el acuerdo con el FMI, el titular de la Cámara, Sergio Massa, propuso suspender la ley por seis meses y discutir otra, pero fue desoído tanto por el oficialismo como por la oposición.

La bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación.

Algunas propuestas del bloque peronista plantean que el índice se calcule a partir de un 90% de la variación salarial, para desligarlo de la inflación. Pero una de las que mayor trascendencia tuvo fue la de José Luis Gioja, del FDT, que sostiene la fórmula de la ley actual pero establece topes para los aumentos–en la renovación, un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto y un 20% más en los precios iniciales de nuevos contratos–. Pero, además, el proyecto del sanjuanino prevé la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, un punto que lo dejó bastante fuera de carrera por alejar la posibilidad de consenso con la oposición.

“El proyecto de Gioja es polémico. No prospera porque no resuelve el problema de fondo”, afirmó a El Canciller la diputada radical Karina Banfi, autora de otra de las iniciativas presentadas. “Con un impuesto no va a haber solución. Necesitamos que haya mayor oferta de propiedades y que haya mayor previsibilidad para los contratistas”, agregó la parlamentaria, quien considera que “la ley actual no funciona”.

Mientras tanto, el FDT debate internamente para sortear una confrontación evitable. “Estamos tratando de ordenar todo el material que fuimos recogiendo”, aseguraron a este medio desde el bloque, donde no quisieron dar demasiadas precisiones. Frente a la posibilidad de que se produzcan dos dictámenes por parte del peronismo unido, sostuvieron: “Todavía no avanzamos tan finito”.

Casi en espejo

Ante la posibilidad de que el oficialismo presente dos alternativas, se agrega una tercera por parte de Juntos por el Cambio (JxC), que no ve con buenos ojos cómo decanta la discusión. Algo tienen en claro: no quieren que se derogue la ley, pese a haber hecho en su momento un pedido de sesión especial para derogarla, que después aclararon que fue para “presionar”.

En línea con los propietarios e inmobiliarias, ponen el ojo en los dos artículos estructurales. Sin embargo, tampoco hay una visión única. En medio de las negociaciones entre oficialismo y oposición para la reescritura de la normativa, el expresidente Mauricio Macri salió en sus redes sociales a reprocharle a los suyos y exigir la derogación. Por otra parte, otros diputados proponen que haya una suerte de “menú de coeficientes”, dentro del cual las inmobiliarias tengan la opción de “elegir” uno de ellos.

Producto de las diferencias expresas, el interbloque se reunió este miércoles por la tarde para unificar criterios. “Tenemos que tener una posición pragmática. Estamos trabajando para tener un solo dictamen”, confirmó Banfi.

En las últimas horas, a su vez, surgió la idea de esperar los resultados del Censo 2022 para tener una mayor información dura sobre la cual tomar una determinación. “No me parece bien. Nosotros nos hemos comprometido. No podríamos pasar el debate porque estaríamos incumpliendo con nuestra palabra”, planteó sobre esto la diputada radical, quien luego añadió: “Acá hay una situación urgente. No es que establecimos un plazo para chicanearnos entre nosotros. Fue para darle una respuesta a la gente”.