El flamante nuevo jefe del Partido Justicialista bonaerense, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez, se fijó un objetivo ambicioso: recolectar a lo largo y ancho de la provincia más de 1 millón de firmas para evitar que se ponga en práctica la reforma previsional, que se aprobó en diciembre en medio de un caos político y social en torno al Congreso. De fondo aparece asoma la reforma laboral, el otro tercio del "reformismo permanente” que aún no vió la luz. Sin el aval legislativo ni sindical, el Gobierno ni siquiera está convencido de tratarla en febrero y quizás derive la discusión hacia el año próximo.


Ahora, en un pausa del "operativo seducción” que lleva a cabo para volver a reunificar al PJ, Menéndez planea derogar la ley 27.426 y mantener el vigencia la ley 24.241 "hasta tanto el Congreso argentino dicte una nueva norma”. El diputado del Frente para la Victoria (FpV) Máximo Kirchner y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, conformaron el binomio que ideó el plan. Boicotear la reforma también surgió en los siete puntos que acordaron Menéndez con el ex diputado Sergio Massa el fin de semana en Pinamar.

¿No hay reforma hasta el 2018?

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El toma y daca que desplegó en el Congreso para conseguir la ley tuvo un costo alto y se sintió en el despliegue de la reforma laboral. Hay una clave: el oficialismo no tiene con qué "negociar”, ya que los gobernadores y el triunvirato de la CGT no defenderán la iniciativa para no pagar el "costo político”, a pesar de la caída en desgracia de varios sindicalistas.

Mientras Pablo Moyano agitó el fantasma de la "ley Banelco”, quien tuvo una inmejorable chance de enterrar la discusión fue el poderoso senador peronista Miguel Ángel Pichetto. Ya avisó que no discutirá la ley en febrero: "No estamos dispuestos a tolerar que se construyan iniciativas que no son defendidas por el propio Gobierno”, disparó en diciembre.