Entre los candidatos a ocupar el lugar de Alejandra Gils Carbó no pasó desapercibido un proyecto de reforma a ley de Ministerio Público que limita el mandato del procurador y facilita su remoción. El texto que comenzó a circular el viernes está firmado por Federico Pinedo y por Miguel Ángel Pichetto y fue tema de debate en los grupos de whatsapp judiciales el fin de semana.

Las claves

El proyecto establece que el mandato del nuevo procurador durará cinco años, con la opción de ser reelegido por única vez por dos años más. Cambia también los votos que necesitará el oficialismo para conseguir el nombramiento: de dos tercios de los senadores presentes (48) pasa a precisar una mayoría absoluta (37), una cifra mucho más fácil de alcanzar.

La remoción también será mucho más simple. Eliminado el juicio político como forma de sacar al procurador, los senadores establecieron en este proyecto que puede ser de dos formas: por decisión “fundada” del Poder Ejecutivo o por iniciativa de la mitad más uno de los presentes en la Cámara de Diputados. El Senado, en ambos casos, debe aprobar la situación con una mayoría absoluta.

Dentro del Ministerio Público consideraron que el mecanismo de remoción los deja en un lugar de debilidad, casi a tiro del enojo del oficialismo. Varios sostuvieron, además, que no se puede delinear ni pensar una política criminal, es decir, establecer prioridades sobre como combatir el delito, en un mandato de cinco años. También, hubo quejas sobre el rol que va a tener la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación: “ese proyecto le da demasiado poder”.

Otro eje cuestionado fue el artículo 23 del proyecto que prevé “dejar sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas en las estructuras centrales de la Procuración General” a partir de mayo de 2013. 

Varios lo ven como una persecución directa al trabajo efectuado desde las procuradurías especializadas creadas por Gils Carbó en los últimos años. Otros, consideran que no está claro que es una “estructura central” por lo que sostienen que le da carta blanca al nuevo procurador para echar a quién quiera.

Dos de los artículos del proyecto hablan sobre las Procuradurías especializadas y las Direcciones Generales, estructuras destinadas para que haya una especialización en ciertos aspectos. El texto da como ejemplo los crímenes contra la humanidad y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, la criminalidad económica y el lavado de activos pero en ningún lugar se menciona la violencia de género como eje a tener en cuenta.

El proyecto no incluye ni a la Unidad Especializada en Violencia de Género (UFEM) ni a la Dirección General de Políticas de Género que funcionan desde hace varios años. Su misión es intervenir o ayudar en los casos relacionados con femicidios, abusos sexuales, violencia doméstica y contra la comunidad LGBTI.