Luego de una reunión en la Comisión de Acuerdos del Senado, la oposición logró este jueves dos dictámenes, "en disidencia total", para que el pliego de Manuel García Mansilla, nombrado por decreto por Javier Milei para sumarse a la Corte Suprema de Justicia, sea tratado en el recinto, por lo que su designación corre serios riesgos de ser rechazada.

El primer despacho fue impulsado por el interbloque peronista de la Cámara alta, encabezado por el formoseño José Mayans, y obtuvo siete firmas, mientras que el segundo, propuesto por Guadalupe Tagliaferri, del PRO, contó con el apoyo del senador radical Martín Lousteau.

"Hoy tenemos a una persona (por García Mansilla) que usurpa el Poder Judicial y firma fallos que son nulos de nulidad absoluta porque no tiene acuerdo del Parlamento", expresó Mayans durante su alocución en la reunión.

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De esta forma, el pliego quedó habilitado para ser debatido en el recinto junto al de Ariel Lijo, que ya había logrado esa condición en una reunión de la Comisión de Acuerdos realizada el pasado 12 de febrero. Si bien no se definió una fecha, el peronismo busca que la sesión se lleve a cabo el próximo jueves. 

En paralelo, el Gobierno busca retomar las negociaciones con la oposición para sostener tanto al académico como a Lijo, quien aún no pudo asumir como ministro debido a que el Máximo Tribunal rechazó su pedido de licencia al frente del Juzgado Federal N°4, todo lo contrario a García Mansilla, a quien los jueces supremos ya le tomaron juramento.

Mientras los sectores opositores a La Libertad Avanza pretenden voltear ambas postulaciones, el Gobierno apuesta a renovar las conversaciones, al considerar que aún hay un margen para sostener a los magistrados nombrados en la Corte por decreto.

Según trascendió, tras haber tomado nota de los reclamos, el Ejecutivo estaría dispuesto a escuchar las propuestas de referentes del peronismo y el radicalismo, como así también de gobernadores, sobre las vacantes en 150 juzgados de todo el país.

De todas formas, la administración de Milei se mantiene firme respecto al procurador general del Tesoro, Eduardo Casal, cuyo pliego también debe recibir la aprobación del Senado.