La Oficina Anticorrupción (OA) avaló la jubilación de privilegio de Alberto Fernández al declararse incompetente "para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio" millonario por su condición de expresidente de la Nación.

El organismo que depende del ministerio de Justicia consideró que "no surgen indicios de la existencia de algún acto que, por haber tenido lugar mediando conflicto de intereses, pueda encontrarse viciado de nulidad" en la gestión del exmandatario.

La resolución de la OA responde a un oficio de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante una presentación efectuada en noviembre de 2023 por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y que había sido archivada por ese órgano.

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"Por los hechos informados esta Procuraduría no debería tomar intervención activa en el presente caso traído a estudio, debiéndose archivar estas actuaciones, ello sin que implique afectar a la intervención que tiene en las diferentes investigaciones", había manifestado el organismo.

Respecto a la jubilación de Fernández, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó a principios de abril el trámite presentado por el expresidente para acceder al régimen especial provisional al que acceden todos los exjefes de Estado y que alcanza un monto total de $7.000.000.

Previamente, Campagnoli había planteado "la posible violación administrativa y/o penal del cumplimiento de los deberes atinentes al ejercicio del cargo de Presidente de la Nación" por parte del predecesor de Javier Milei y pedido a la PIA que determinara si el exmandatario había desarrollado sus funciones "con la honorabilidad que se requiere para poder acceder al beneficio enunciado en la Ley 24.018".

Algunos de los hechos señalados por la legisladora fueron el desempeño de un cargo docente durante el ejercicio de la Presidencia de la Nación; la inobservancia de la norma constitucional que regula el procedimiento de selección de magistrados del Poder Judicial y su prórroga; y denuncias por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, tales como el llamado Vacunatorio VIP y la Fiesta de Olivos. 

A su vez, apuntó a la delegación del rol de Presidente de la Nación en el exministro de Economía Sergio Massa; la incomparecencia frente a la Justicia y su posterior declaración en rebeldía frente a una causa iniciada por haber afectado la dignidad del Juez Leopoldo Bruglia; y la utilización por parte de la exprimera dama, Fabiola Yáñez, de la Fundación del Banco de la Nación Argentina con el fin de promocionar su empresa personal.

Tras el oficio de la PIA -que de todas formas impulsó una investigación sobre el último de los episodios denunciados por Campagnoli-, la OA le indicó que "carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio establecido en la Ley 24.018".

"Sin perjuicio de la continuidad de las acciones judiciales en trámite contra el ex Presidente de la Nación Alberto Ángel Fernández por los hechos analizados en las presentes actuaciones, el análisis de las presuntas infracciones a las normas de ética pública ha devenido abstracto en atención al cese del funcionario", detalló el organismo.