Tras un receso de dos semanas, el oficialismo en la Cámara de Diputados buscará dar un fuerte impulso la próxima semana al debate del paquete de seguridad promovido por el Gobierno, ya que intentará emitir dictamen de comisión sobre el proyecto de Ley Antimafia y abrirá el debate del Régimen Penal Juvenil, con el que propone una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

Después de su arduo trabajo para conseguir la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, la bancada de La Libertad Avanza, que trabaja en acuerdos con el PRO, procurará retomar la iniciativa con el tratamiento de dos iniciativas que forman parte del paquete de seguridad diseñado por la ministra Patricia Bullrich, junto a sus pares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Defensa, Luis Petri.

Uno de los puntos centrales será el proyecto de Ley Antimafia que se analizará en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen los legisladores del PRO Laura Rodríguez Machado (Córdoba) y José Nuñez (Santa Fe), donde el oficialismo, junto a diputados de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos e Innovación, buscará firmar el despacho para su tratamiento en el recinto.

TE PODRÍA INTERESAR: El régimen de Maduro impidió el ingreso a Venezuela al senador Paoltroni y al diputado Bongiovanni

Se descuenta que Unión por la Patria buscará imponer su propio despacho de comisión, ya que rechaza el proyecto del oficialismo.

Qué dice la Ley Antimafia

La iniciativa propone una profunda reforma el Código Penal para sancionar, con penas de entre 8 y 20 años, a todos los miembros de una asociación ilícita que participen en delitos vinculados al tráfico de drogas, lavado de activos, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos e intimidación pública.

Hasta el momento, el Código establece escalas de penas, de acuerdo a la participación que tuvo cada miembro de una organización delictiva.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aseguró a la agencia Noticias Argentinas que es fundamental poder avanzar en esta ley para combatir el crimen organizado y se mostró optimista respecto a la firma del dictamen. "Habrá un borrador en los próximos días que se enviará a los bloques y que incluye algunos de los cambios propuestos por varios legisladores, de los cuales muchos son muy enriquecedores", destacó. 

"Estamos viviendo una situación atípica en relación al crimen organizado, ya que se realizan acciones que requieren de otro tratamiento, como es el caso de dominio de territorios, las amenazas que tienen en vilo a poblaciones enteras y a los que lo investigan, que es diferente a un delito individual, por lo cual deben su correlato en el plexo legislativo", amplió.

Para el diputado kirchnerista Ramiro Gutiérrez, "no es de buena factura y no está bien hecha la ley". "Por empezar, tiene una enorme falencia: no define qué es una mafia. Nosotros tenemos en el Código Penal un artículo, el 77, que establece todas las definiciones que son importantes para los jueces. Entonces, lo primero que debió haber contemplado es incorporar ese artículo", comentó.

Otro de los puntos del proyecto que el Gobierno pide que el Congreso apruebe para combatir el crimen organizado es que crea la figura de "zona de investigación" para coordinar la tarea entre los diferentes poderes del Estado. También plantea la extinción del dominio de los bienes de los delincuentes que sean producto de sus actividades ilegales para su inmediata transferencia al Estado nacional.

En qué consiste el Régimen Penal Juvenil

Otro tema central de la agenda de seguridad será la apertura del debate del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone un mecanismo para lograr reinsertar al joven a la sociedad y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El tratamiento se abrirá el próximo miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen para adolescentes de entre 13 y 18 años, "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua", siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.