El titular de la Coalición Cívica - ARI, Juan Manuel López, anticipó que la fuerza que lidera no asistirá a la vigilia y firma del Acta de Mayo, organizada por el Gobierno para este lunes 8 de julio a las 23 en San Miguel de Tucumán, donde se espera que los mandatarios provinciales rubriquen con el presidente el postergado pacto.

"No vamos a ir, pero no hacemos de eso un tema. Estamos siempre para dialogar en el Congreso, la invitación fue muy frugal. Coincidimos en los puntos, pero no está muy claro el objetivo", planteó López en una entrevista en Radio Rivadavia. 

En la misma línea, explicó: "Es una vigilia por el 9 de julio y está más que nada direccionada a los gobernadores". "Nosotros hicimos nuestro aporte en la Ley Bases, en el paquete fiscal, ayudando a que salga, marcando límites, haciendo correcciones y vamos a estar para discutir todos los temas que proponga el Presidente porque es nuestro trabajo y nuestra vocación", agregó.

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"No está claro el objetivo del acto, no sé bien de qué se trata, qué se firme y cómo. Es un acuerdo y le da más entidad a los gobernadores porque la Argentina tiene pendiente una discusión de recursos, en este contexto de falta de dinero, de cuánto ponen en ese ajuste Nación y las provincias. El principal conflicto se traduce ahí", insistió.

Con respecto a la polémica propuesta de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, indicó que es un tema que "desde ya" les "preocupa" a los miembros de la Coalición Cívica.

"Milei no pudo explicar en estos meses -desde enero venimos preocupados porque estaba el rumor de que Lijo iba a ser propuesto- por qué lo proponen", criticó en sintonía con lo expuesto por la máxima referente del espacio que preside, Elisa Carrió. "El Gobierno no puede explicar por qué propone a este juez que es el gran garante de la impunidad en Comodoro Py", remarcó.

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Nacho Ortelli, López denunció que "hay temas institucionales que recién ahora hay espacios para comentarlos y que tienen que ver con la baja calidad institucional del Gobierno". 

Asimismo, consideró que la administración libertaria "tiene algunas urgencias, presta atención a algunos temas, a otros le presta muy poca y toma decisiones que atentan contra la calidad institucional de la Argentina".

Por último, el legislador opositor sugirió la posibilidad de que la administración libertaria cerrara acuerdos con la de su antecesor, Alberto Fernández, ya que planteó que -a pesar de las denuncias orales sobre irregularidades en el Estado- no se avanzó por las vías judiciales correspondientes. "Es la obligación y moralmente corresponde sino es un relato para la opinión pública decir hicimos tal cosa o hicimos tal otra, y nos queda a muchos la sospecha de si no arreglaron con la vieja gestión", lanzó.

Y concluyó: "La omisión de denuncia está penada, los funcionarios si encuentran un delito tienen la obligación de denunciar. Puede ser que se estén tomando el tiempo, puede ser que estén haciendo auditorias, pero ha pasado tiempo importante, prudencial, para que esa cosas que dicen que encontraron empiecen a tener una formulación de denuncia penal".