La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se pronunció con preocupación ante la intención del gobierno de Javier Milei de nombrar al juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pedir mayor rigurosidad en la selección, que se priorice la equidad de género y advertir sobre la necesidad de que se evalúe la idoneidad de los elegidos.

"Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos", alertó a través de un comunicado la entidad que se ocupa de representar y promover los intereses comerciales y económicos de las empresas estadounidenses en el país.

Por otra parte, destacó que "es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres", al argumentar que "la diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralidad de la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del Poder Judicial".

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Desde que el 20 de marzo pasado el Ejecutivo dio a conocer a sus elegidos para completar una vacante actual y una inminente en el Máximo Tribunal, a través de nominaciones que deben recibir la aprobación del Senado, se generaron incesantes críticas, sobre todo dirigidas a Lijo, magistrado con 19 años de ejercicio en la justicia federal y un historial protagónico en causas con alto perfil político.

"Entendemos que este proceso es crucial para garantizar un sistema judicial justo y equitativo que responda a las necesidades de una sociedad en crisis", agregó AmCham Argentina.

La cámara también instó a "las autoridades responsables a llevar a cabo un proceso de selección riguroso, que garantice la designación de funcionarios comprometidos con la justicia y la equidad". Y concluyó: "La confianza en el sistema judicial es fundamental para crear un clima de negocios favorable, el cual permita atraer inversiones, fomente la innovación, la competencia, el desarrollo productivo y permita convertir a la Argentina en un país viable".

En la misma línea se han expresado diferentes referentes de los ámbitos de la política y la justicia.

El viernes último, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sumó a las críticas, al considerar "inaceptable" que el Gobierno haya postulado a Lijo, por considerar que "sus antecedentes no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo". 

"Ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional", sostuvo el Colegio porteño, antes de puntualizar que ese cargo deben ocuparlo "juristas intachables".

A estas recientes reacciones le precedieron reclamos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) y de la Junta de Tribunales Orales Federales de todo el país, que preside la jueza Sabrina Namer.

La vicepresidente Victoria Villarruel criticó también, en una entrevista televisiva, la postulación de Lijo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, quien renunció en 2021 y no fue sustituida, lo mismo que el constitucionalista Daniel Sabsay, quien lo consideró "el sinónimo de la corrupción y de la impunidad".