Mientras el Ejecutivo baraja la posibilidad de un eventual nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de la Nación a través de un decreto del presidente Javier Milei, el titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, manifestó que prefiere evitar responder "frente a una hipótesis de un hecho que no ha acontecido", aunque advirtió que es es justamente su organismo del Poder Judicial el que "lo tiene que resolver en última instancia, si hay cuestionamientos".

"Siempre hay una zona de recíproca incomprensión, porque la política quiere hacer cambios y muchas veces se queja de que la Justicia los frena o demora", inició su explicación sobre el asunto el magistrado en diálogo con La Nación+.

Además, el juez de 67 años enfatizó que existe "un determinado procedimiento sin afectar determinados derechos" y sintetizó que los tiempos del proceso "dependen de la dinámica del Poder Judicial".

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"El político es una persona que mira la realidad con grandes trazos, y el conflicto, para el político, es algo normal. El juez no. Tiene una mirada distinta donde uno tiene razón y el otro no. Hay una norma, un hecho y una conclusión. Cabezas con formato diferente. Ese es el valor de la división de poderes y el control recíproco que hay entre ellos", recalcó Rosatti.

Asimismo, añadió: "Siempre ha habido una línea divisoria que ha estado más o menos clara, y ahora hay zonas grises". Mientras tanto, los pliegos de Lijo y García Mansilla ya están en el Senado.

Al poco tiempo, quien se desempeñó como Procurador del Tesoro y ministro de Justicia se refirió al rol de las instituciones para la recuperación económica de un país, a lo que recordó la cláusula incorporada a la Constitución en la reforma de 1994.

"El desarrollo se mide también por factores de salud y la educación. Por eso, para las inversiones es muy importante la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial", concluyó.