La Cámara Federal de Mendoza emitió este lunes un exhorto a través del ministerio de Relaciones Exteriores para que el régimen de Nicolás Maduro informe dónde y por qué está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo. Tras esa presentación, Gustavo Castiñeira de Dios, presidente de ese cuerpo, aseguró que "tiene plena validez en tribunales internacionales" y que hasta ahora "no hay ningún dato". "No sabemos si está vivo", enfatizó.

"El primer elemento que surge claramente es que un tribunal de la República Argentina está exhortando a un Estado extranjero a cumplir, ni más ni menos, con las normas internacionales de derechos humanos. Es un acto judicial con toda la rigurosidad que ello implica", comenzó explicando en Radio Mitre, sobre el ciudadano mendocino que fue retenido por el chavismo cuando intentaba ingresar al país caribeño a través de la frontera con Colombia el pasado 8 de diciembre.

"No tengan la menor duda de que este acto tiene plena validez ante tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso la Corte Penal Internacional", aseguró el magistrado.

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Asimismo, Castiñeira de Dios detalló que antes de enviar el exhorto se emitió un oficio a Interpol y otro a la Cancillería argentina, para "ver en qué situaciones estaba, qué se podía informar". "No hay ningún dato, no hay respuesta de ninguna manera. Es más, no sabemos si está vivo", afirmó.

"La posición del gobierno de Venezuela es insostenible jurídicamente ante cualquier organismo de derechos humanos. El primero de todos es el derecho a la vida y a la libertad. Tener a una persona detenida, sin saber en qué condiciones está, sin contacto con su familia, es una violación flagrante de derechos fundamentales", sumó el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

El fallo hizo lugar a un habeas corpus presentado por el jefe del Escuadrón XI de Gendarmería Nacional, en el que además exigieron abrir una causa penal por el delito de "desaparición forzada de personas" y solicitaron que se dé a conocer el nombre del juez a cargo del proceso.

El Gobierno venezolano dijo que el gendarme, ingresado a través de un paso fronterizo terrestre desde Colombia, está siendo procesado por supuestos "planes terroristas" que "comprometen" al presidente Javier Milei, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.